Las residencias de ancianos soportan «su» dependencia con cuatro meses de impagos

«A los ancianos no les ha faltado de nada, ni higiene ni alimentación y la Junta los ha recolocado, pero nosotros estamos en paro». Quien habla es una ex trabajadora de una residencia de mayores de Sevilla. Llevaba 15 años en su puesto, con otros 17 compañeros, dedicada a su vocación de atender a personas incapaces de valerse por sí mismas. Unas veces por la edad, otras por enfermedad, lo cierto es que su estancia en los centros facilita la vida a miles de andaluces de forma directa y por extensión a sus familiares.

Su empresa cerró por «incomparecencia» de la Administración. No es la única. En su caso, le debían tres meses de sueldo, los mismos que adeudaba la Junta por las 19 plazas –de un total de 20– que tenía concertadas. «No paga desde noviembre», puntualiza Nuria Hernández, secretaria general de la Federación Andaluza de Ayuda a la Dependencia (FAAD). Lo cierto es que la deuda a diciembre de 2012 se ha liquidado «con una minoría».

«La ley se tambalea»

La Consejería de Salud y Bienestar aduce que se «está estudiando caso por caso» para atender los pagos conforme «la situación de la tesorería lo permite». Para muchos centros, sin embargo, no es suficiente y la asfixia compromete su continuidad. En toda Andalucía, asegura Hernández, son muchos en la misma situación.

«Hice un sondeo en enero con un muestreo de 150 residencias para ver cuántas plazas vacías había», relata Hernández. El resultado: superaban las 2.200. «En febrero y marzo han aumentado, también porque los mayores fallecen y ni una sola plaza se ha repuesto –denuncia–. El desahogo es, si se queda libre, una menos que pagamos. Eso haría tambalear la Ley».

Se refiere a la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, aprobada en 2006 y tras la cual los centros residenciales acometieron fuertes inversiones para adecuar sus instalaciones a las exigencias de máximos de la entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Una plaza concertada parecía una «garantía» de cobro. Seis años después, los centros soportan su cuarto mes de impagos con las nóminas de los trabajadores como principales perjudicados. Cada plaza concertada cuesta 50,20 euros al día, que la Administración asume proporcionalmente con el beneficiario –éste entrega el 75% de su pensión, excluidas las pagas extras–.

Ése es el problema inmediato, pero el de fondo es más profundo: «Como no hay dinero, no se reponen las bajas». La también secretaria de las Asociación Sevillana de Atención a la Dependencia (ASAD) recuerda que esa ralentización en las coberturas empezó a notarse puntualmente en junio de 2012; después del pasado verano, la preocupación en el sector era generalizada. La Consejería, que admite abiertamente las «dificultades de tesorería», rechaza el estancamiento, como denuncia la asociación.

Los datos oficales dicen que de media se producen mensualmente 2.000 fallecimientos. Fuentes de Salud y Bienestar defienden que eso «demuestra que el sistema sigue activo y que continúan incorporándose usuarios». La demora, que admiten, se debería a un doble factor: la estabilización tras el «boom» inicial y las dificultades financieras provocadas por el objetivo de déficit del Gobierno central. En este sentido, el departamento de María Jesús Montero alega el desentendimiento del Ministerio: según sus datos, la aportación estatal se redujo en 89 millones de euros en 2012; para este año, prevén 125 millones menos.

«Mayores hay para entrar, porque hay solicitudes, pero no emiten las resoluciones y ahí se estarán amontonando. Desde hace un año, sólo se derivan casos de urgencia social», insisten desde FAAD. Y auguran: «Ahora mismo el perfil de los beneficiarios es el de una persona con gran dependencia, porque realmente la familia no lo puede atender. Si sale, tendrá que ir a un hospital y eso sí que disparará los costes».