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«Las urgencias ambientales que hay que afrontar no entienden de legislaturas»

Tres organizaciones conservacionistas ponen deberes al futuro Gobierno autonómico

«Las urgencias ambientales que hay que afrontar no entienden de legislaturas»
«Las urgencias ambientales que hay que afrontar no entienden de legislaturas»larazon

Tres organizaciones conservacionistas ponen deberes al futuro Gobierno autonómico

Mande quien mande en Andalucía deberá agregar a lo hecho en materia medioambiental. «Quedan pendientes muchos desafíos y las urgencias que hay que afrontar no entienden de legislaturas», según voces de varias organizaciones ecologistas que detallan la lista de puntos inaplazables a LA RAZÓN, sin atender a censuras de tejidos ideológicos.

A Daniel López, responsable de Residuos y de Contaminación de Ecologistas en Acción Andalucía le preocupa que «se vaya al garate» lo avanzado alrededor del Plan Integrado de Residuos de Andalucía (PIRA), con el que «se ha intentado poner en funcionamiento la economía circular» para volver a «la lineal, es decir, a usar, tirar y llevar todo al vertedero». Avisa de que la comunidad «tiene un problema con la depuración integral de todas las aguas residuales» e incumple «una directiva» de la UE . «Muchas localidades carecen de depuración o la que realizan es absolutamente insuficiente, con lo que nos están llegando multas y apercibimientos desde Bruselas», explica.

Anota luego que la Junta, «con Susana Díaz al frente», ha apostado «clarísimamente por revitalizar la minería con Aznalcóllar, Cobre Las Cruces, Aguas Teñidas, la Faja Pirítica de Huelva y otros proyectos muy inquietantes que se quieren poner en funcionamiento», pese a que «los impactos de la minería son brutales y hay que controlarlos». A ello suma que la Ley andaluza contra el cambio climático recién aprobada es, a su juicio, «manifiestamente corta y tímida en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones», además de que existen «tres grandes centrales térmicas cuyo cierre programado se debería plantear ya por su contribución al efecto invernadero: la de Los Barrios en Cádiz, la de Puente Nuevo en Córdoba y la del litoral de Carboneras, en Almería». «Todos los municipios tienen que elaborar planes de reducción de emisiones y esperamos que se pongan a la tarea porque está todo prácticamente por hacer», urge, para añadir: «Uno de los caballos de batalla que habrá que afrontar es el del transporte. El coche privado sigue teniendo la primacía y hay que potenciar las peatonalizaciones, el transporte público y la bicicleta para desplazarse». Cambia de perspectiva para señalar al que se ha convertido quizá en el «símbolo más nefasto» del urbanismo salvaje: «El hotel del Algarrobico», levantado en la playa de Carboneras. Insta a demolerlo y alerta de «una segunda burbuja urbanística que parece está surgiendo con el beneplácito de los ayuntamientos y hasta ahora de la Consejería de Medio Ambiente» y que incluye «recalificaciones que vienen de atrás en puntos como Barbate, en Cádiz, con proyectos totalmente desmesurados que triplican prácticamente la población actual». «Hay que poner freno a todo eso e impulsar un urbanismo sostenible que respete el litoral», anima. Recuerda que el Tribunal Supremo anuló el Plan de Protección del Corredor Litoral andaluz aprobado en 2015 que, cree, hay que «revitalizar y ponerlo al día» porque «era muy necesario». Para terminar no se olvida de que «la Ley de protección animal tampoco llegó a cuajar», de que falta concretar «la Red Natura 2000» y lograr que «los órganos de participación de las juntas rectoras de los parques naturales sean mucho más dinámicos y abiertos porque son entes fantasmagóricos en los que no se gestiona nada», se lamenta.

Luis Berraquero, coordinador de Movilización de Greenpeace en la región, pone el foco de nuevo en el Algarrobico y en que el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), publicado en octubre de 2018, mostraba que «los objetivos de reducción de emisiones establecidos en la recién inaugurada» ley andaluza del cambio climático, «se han quedado ya obsoletos». «Para que Andalucía contribuya al esfuerzo internacional de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, es clave alcanzar emisiones netas cero en 2040». Para ello, «el 100% de la demanda energética se tendría que abastecer con energías renovables», lo que implicaría «modificar una ley recién aprobada», desgrana para afirmar que «no es imposible». Otro reto prioritario pasa por los residuos, «en especial los plásticos de un solo uso». Berraquero aboga por «la implantación de Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) de envases, junto con la prohibición de la quema de residuos y la recogida selectiva de la materia orgánica». En el horizonte a largo plazo que debería guiar las políticas ambientales más inmediatas sitúa el hecho de que «la disponibilidad de agua» marcará «el futuro de la agricultura», por lo que entiende que «un cambio de modelo que incluya un plan de disminución de zonas de regadío, debería estar en la agenda». A esto engarza la conveniencia de contar con «un modelo agrícola andaluz totalmente basado» en la producción ecológica. Por lo que respecta a la ganadería, apuesta por defender «la extensiva, ecológica y destinada a la venta en circuitos cortos», para garantizar «un mayor acoplamiento» de ésta «con los ecosistemas y la fijación de población en el medio rural».

Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, tiene claro por donde arrancar y es por la estructura misma del nuevo Ejecutivo autonómico: «Sería un error gravísimo que no contaran con una consejería específica de Medio Ambiente», previene, dado que la región «tiene una red de espacios protegidos importante, otra de vías pecuarias inmensa y una costa que necesita protección». «Ya el PSOE –cose– intentó unificar esas competencias con agricultura, entendió que no era lo adecuado y corrigió». El departamento tendrá labor por delante como «desarrollar la ley de cambio climático» o dar «una solución a los vertidos de fosfoyesos en Huelva conforme a la concesión que se hizo a la empresa Fertiberia y al tipo de residuos que existen, muchos de ellos calificados como radioactivos de acuerdo con la normativa». Mira a Doñana para pedir la ampliación de su «área marina» o vigilar el tema del gas y al estuario del Guadalquivir para hacer constar que el Ministerio de Medio Ambiente del PP calificó la zona «como muy sensible». Insta a actuar en la desembocadura del río para recuperarla.

La cifra

65%

habría que aumentar el reciclado de los residuos municipales en 2030 para cumplir los objetivos europeos.