Los 12 entes públicos auditados cuestan 2.411 millones y "no son más eficaces"que la Junta

El Gobierno andaluz revela los informes encargados a la Intervención sobre unos entes con 9.461 empleados, sólo 498 funcionarios. Estudiarán caso a caso pero descartan un despido masivo

El Gobierno andaluz ha dado a conocer hoy el resultado de las auditorías realizadas por la Intervención de la Junta a doce agencias públicas empresariales que reciben 2.411 millones en transferencias, 283 para pagar las nóminas de 9.461 empleados, de los cuales sólo 498 son funcionarios. La Intervención concluye que los fines para los que fueron creados estos entes siguen vigentes pero no son el medio "idóneo"para cumplir esos fines y "no son más eficaces"que la administración para cumplir esas funciones, además de no estar bien delimitadas lo que provoca "duplicidades"entre algunas de estas agencias y las propias consejerías a las que están adscritas.

En concreto, la Intervención salva a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), al considerar que las funciones que ambas realizan justifica la existencia de ambas agencias públicas empresariales. En el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), la de Puertos, la de Obras Públicas, la de Instituciones Culturales y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) hay funciones que sí las justifican y otras que no.

Mientras que en el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andalucía de la Energía, la de Conocimiento, la de Servicios Sociales y Dependencia -pese a que ésta última aglutina al 94% del personal funcionario de los 12 entes- el informe considera que realizan funciones que podrían hacer las consejerías (por ejemplo, las obras en los colegios a cargo de la Dirección de Infraestructuras de la Consejería de Educación) o hay que revisar su naturaleza jurídica.

Tanto el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como el consejero de Hacienda, Juan Bravo, destacaron que con estos y otros informes económicos, el grupo de trabajo de Regeración democrática con las consejerías correspondientes adoptarán las "decisiones que haya que tomar de todo tipo", sea "extinguir, liquidar, fusionar o reducir, en todos los casos optimizar".

A preguntas de los periodistas sobre el futuro de los 8.963 trabajadores no funcionarios de estos entes, Bendodo ha descartado un despido masivo de todos ellos y ha señalado que estudiarán "caso a caso"para decidir si esas plazas son necesarias, en cuyo caso se convocarán puestos de funcionario por libre concurrencia o se mantendrán contratos laborales o mercantiles de personas que llevan muchos años pero aclarando sus funciones para permitir que puedan "desarrollar plenamente"su trabajo.

El consejero de Hacienda resaltó que las agencias públicas empresariales "no son meros actores intermediarios en la ejecución de las políticas públicas sin aportar valor añadido"y los informes revelan que en algunos cosas no cuentan con relación de puestos de trabajo, los debidos controles e incluso algunos casos como la Agencia del Conocimiento no aplicaron la rebaja salarial impuesta por el Gobierno andaluz en 2012 a todos los funcionarios y empleados públicos.

Bravo ha puesto ejemplos de duplicidades con coste para las arcas públicas como la participación en la misma acción exterior de responsables Extenda e IDEA o la contratación de una obra por AVRA cuyo contrato tuvo que rescindir con un coste de 16 millones de euros, y que luego fue sacada a licitación por la Consejería de Obras Públicas.

Bendodo destacó que el Gobierno andaluz ya ha extinguido 82 consorcios sin actividad y hoy ha dado el visto bueno a iniciar el análisis de otras siete entidades que previsiblemente también serán suprimidos.