Los gestores de residuos se quejan de la “falta de personal” de la Junta en la tramitación de expedientes

La Asociación de Gestores de Residuos del Sur (Agresur) se quejó ayer de la “demora” de la Junta de Andalucía en la tramitación de expedientes en esta materia y de la “falta de personal”.

Agresur recordó que en septiembre se eliminaron “multitud de plazas” de los servicios de la administración medioambiental andaluza, a pesar de que eran “absolutamente necesarias” y que ahora el Departamento de Prevención y Control Ambiental de Sevilla ha pasado de ocho a tres técnicos y los Departamentos de Residuos de Sevilla y Málaga han quedado con un técnico y un jefe.

De esta forma, Agresur lamentó el hecho de que en estos dos departamentos sólo trabaja un técnico “para toda una provincia” y pidió a la Junta que tenga en cuenta la carga administrativa de estos departamentos entre autorizaciones de gestores, informes medioambientales e informes sobre sanciones. “El resultado final es la casi paralización de estos trámites, independientemente de la encomiable labor de los técnicos”, puntualizó.

El colectivo aseguró que aunque todos los responsables de estos departamentos “conocen e intentan paliar el problema”, se encuentran con el “obstáculo insalvable” de no tener competencia para la contratación de nuevo personal, por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a “solucionar el problema lo antes posible” y “de una vez por todas”. Asimismo, relató que ya se reunió con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y éste habló de cubrirse algunos puestos, “pero en ningún caso de llegar al nivel -de contratación- de septiembre de 2017”. “Pasados muchos meses de aquello la situación es similar, con el agravio del tiempo perdido, mientras que los usuarios, en su mayoría pequeños emprendedores, sufren las consecuencias”, censuró la asociación.

Agresur avisó a la Junta de que muchos de estos no pueden esperar más tiempo, ya que los gastos fijos que tienen entre alquileres, luz, agua y teléfono no pueden asumirlos “durante meses o años sin ningún ingreso” y que esta situación genera pérdida de competencia en el sector frente a otras comunidades autónomas.