Caso ERE

Los imputados superan el centenar

La juez Alaya dicta un nuevo auto con 23 implicados más, entre los que figuran dos hijos de Ruiz-Mateos. El PSOE insiste en que lo derive al Supremo

Javier Ruiz- Mateos ha sido imputado junto a su hermano Pablo
Javier Ruiz- Mateos ha sido imputado junto a su hermano Pablolarazon

SEVILLA- Antes de marcharse de vacaciones, la juez Mercedes Alaya dictó un auto, hecho público ayer, en el que implica a 23 personas más en la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Entre los nombres más destacados, figuran dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, Javier y Pablo, por los ERE derivados de varias empresas del grupo Rumasa.

Fuentes judiciales detallaron a Efe que, en un auto fechado el 31 de julio, la instructora imputó a intrusos y empresarios citados en seis informes de seguimiento realizados por la Guardia Civil sobre las ayudas irregulares concedidas por la Junta. Con esta nueva lista, se eleva a 116 el número de personas acusadas, entre ellas una treintena de altos cargos o ex altos cargos del Gobierno andaluz, mediadores, abogados e «intrusos» que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias.

Catorce empresas señaladas

El señalamiento de Javier y Pablo Ruiz-Mateos tiene su origen en las subvenciones por las ayudas al hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). Además han sido imputadas personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur, citados en un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en diciembre de 2012. Junto a ellos, han sido imputadas personas vinculadas al ERE de la empresa Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Ssmec) y Cenforpre, vinculada al ex futbolista Pizzo Gómez, ya imputado. El sindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas –encarcelado desde marzo– intervino en los ERE de cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía.

Tras conocerse esta nueva decisión judicial, el PP –que admitió haberse enterado por la prensa, ya que como acusación no le ha sido notificado el auto–, su portavoz en la comisión de Justicia del Parlamento, Juan Ramón Ferreira, volvió a reclamar al consejero de Justicia, Emilio de Llera, que «deje de acosar» a la juez y se centre en solucionar los numerosos problemas de infraestructuras judiciales. Por su parte, el secretario de Política municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, reaccionó como lo viene haciendo su partido en los últimos meses: arremetiendo contra Alaya. De nuevo, como hiciera el lunes, volvió a reclamarle que lo remita al Tribunal Supremo y agilice el proceso judicial. «Esperamos que Alaya no siga mareando la perdiz y actúe con diligencia para que esto pueda solucionarse», lanzó el dirigente socialista.