Los padres de Gabriel piden un uso «responsable» de las informaciones

El juicio a Ana Julia Quezada comenzará este lunes a puerta cerrada

La presidenta del tribunal de jurado que enjuicia a partir del lunes a Ana Julia Quezada por la muerte violenta de Gabriel Cruz en febrero de 2018, en Níjar (Almería), acordó que la declaración testifical de los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, se celebre a puerta cerrada y estos piden «amparo» para evitar informaciones que causen «dolor enorme» en el juicio.

En un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada Alejandra Dodero decreta esta restricción también para el interrogatorio de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, una medida que hace extensiva a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.

La resolución llega después de que la acusación particular haya presentado a la sala un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres. Cabe recordar que Ana Julia Quezada se le achaca además la presunta comisión de dos delitos de lesiones psíquicas sobre Patricia Ramírez y Ángel Cruz, a quienes, según los escritos de las acusaciones, intentó «causar más sufrimiento». Los técnicos del SAVA apuntan también a que esto «se verá agravado» si se hacen públicos los detalles de la autopsia o los detalles sobre cómo se produjo la muerte del menor, algo que los padres de Gabriel esperan que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, «adopte medidas de protección en los contenidos más sensibles».

Por su parte, estos demandaron ayer «amparo ante las amenazas que las cita judicial» comporta para sus derechos fundamentales como «víctimas de delitos violentos». En un escrito, solicitan que se «evite» realizar informaciones relativas a los informes forenses «que pueda dañar la imagen» de su hijo «y ocasionar un dolor enorme a sus seres queridos».

Asociaciones de jueces y de prensa, recordaron que es una «llamada a la responsabilidad y solidaridad de la propia comunidad».