Los peritos concluyen que la Junta ocultó el fraude de los ERE

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han concluido pasadas las 13.00 horas de este martes su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya tras nueve días en los que han ratificado su informe clave en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y han ratificado que las consejerías y los organismos implicados en la concesión de las ayudas investigadas "ocultaron"el destino de las transferencias de financiación.

La comparecencia comenzó el día 25 de febrero y se ha prolongado en sesiones de mañana e incluso de tarde hasta este mismo martes --el único día que no hubo sesión fue ayer lunes--, con lo que la instructora no ha podido cumplir con el objetivo que se marcó de que la ratificación del informe pericial concluyera antes del comienzo de la campaña para las elecciones andaluzas del próximo día 22 de marzo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las fuentes consultadas han indicado que la comparecencia ha concluido con unas consideraciones finales por parte de los peritos, que han ratificado que todas las consejerías --Empleo, Innovación y Hacienda-- y organismos implicados "ocultaron"el destino de las transferencias de financiación, lo que se debió al lenguaje presupuestario "críptico"y "oscuro"empleado por la Junta.

En este sentido, han aludido tanto a la incidencia de la ilegalidad en el momento de la presupuestación como en la agencia IDEA, que ocultó en su memoria de cuentas anuales que el dinero que recibía a través de las transferencias de financiación no se empleaba para gastos de explotación sino para el pago de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo.

EL CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Esa "ocultación", según los peritos, impedía que la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Parlamento andaluz y los auditores externos pudieran conocer el presunto fraude y las irregularidades de los ERE.

La comparecencia de los peritos se ha prolongado durante nueve jornadas y comenzó con su oposición al 'contrainforme' pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Angel Martínez Lago a instancia de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ya que se trata "de un informe de parte, con los sesgos e interpretaciones que tiene un informe de parte,"y contiene "muchos errores", uno de ellos en cuanto "a su teoría sobre las transferencias de financiación".

La principal conclusión de los peritos es que existía un "descontrol absoluto"en la concesión de las ayudas y que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la Intervención General de la Junta, el denominado 'consejillo' --reunión previa al Consejo de Gobierno-- y los consejeros de Hacienda, de Empleo y de Innovación "tenían conocimiento de la ausencia de regulación de las ayudas sociolaborales y del uso inadecuado"de las transferencias de financiación.

EL SISTEMA DE LOS ERE ERA "FRAUDULENTO"SEGUN LA DEFINICION DE LA RAE

Así, y para justificar el conocimiento que debía tener el Consejo de Gobierno, los peritos indicaron que, en el año 2004, la Intervención General de la Junta ya puso de manifiesto que ni tan siquiera se podía emplear el término de transferencias de financiación, sino "el de crédito para la concesión de subvenciones".

Además, los peritos señalaron que en ninguno de los planes de control financiero permanente que aprobaba el Consejo de Gobierno se acordó una regulación para tramitar las ayudas, a lo que se suman los dos anteproyectos para regular ese tipo de subvenciones que llegaron a los 'consejillos' procedentes de la Dirección General de Trabajo.

También aseguraron que el sistema de concesión de ayudas establecido "era fraudulento"según la definición que incluye la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, que define "fraudulento"como "engañoso y falaz".

A su juicio, existen tres problemas en el sistema ideado, como son "de índole presupuestario, de gestión por parte de la Consejería de Empleo de los créditos y en el control de la concesión de las subvenciones", ya que "se impidió la fiscalización previa".

LA JUNTA "OCULTO"INFORMACION A LA UNION EUROPEA

Tras remarcar que la Junta "no es competente"al conceder este tipo de ayudas sociolaborales, competencia que sería del Estado, los peritos indicaron que la Administración autonómica aprobó un total de 263 ayudas, de las que únicamente 77 "eran derivadas de un ERE", mientras que el resto "no tenían nada que ver"con esto último.

Los peritos, asimismo, señalaron que los "responsables"de la creación del sistema serían el antiguo IFA, la Consejería de Empleo y la Consejería de Economía y Hacienda, "por su intervención necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir".

De igual modo, pusieron de manifiesto que la Junta de Andalucía "ocultó"información a la Comisión Europea sobre las condiciones "reales"de la ayuda concedida por valor de 4,5 millones de euros a la empresa malagueña A Novo Comlink, ya que remitió a Europa información "incompleta"y "sesgada"sobre las condiciones de dicha ayuda.