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Los profesores levantan la mano

La organización sindical APIA aboga por que se «despolitice» la consejería y el servicio de Inspección, se haga efectivo «a todos los niveles» el reconocimiento de los profesionales como autoridad y se apueste por una FP pública «de calidad»

  • El nuevo consejero de Educación y Deportes es Javier Imbroda (Foto: Manuel Olmedo)
    El nuevo consejero de Educación y Deportes es Javier Imbroda (Foto: Manuel Olmedo)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

30 de enero de 2019. 21:49h

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N. Acedo.  Sevilla. 31/1/2019

El nuevo Gobierno andaluz tanteará, probará y, si no encuentra obstáculos, avanzará. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) tiene claro por dónde debe hacerlo en materia educativa, área que capitanea ahora Javier Imbroda (Ciudadanos). Para arrancar, la organización sindical aboga por «despolitizar la consejería» y el servicio de Inspección con un objetivo, en el caso de la última: «Devolverle su carácter exclusivamente académico y dividido por especialidades, al que se acceda» sólo por «concurso-oposición». Agrega luego que se debe «liquidar» aquellas entidades que sean «ajenas al circuito de la función pública docente como la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve), cuyo cometido desde su creación parece ser el de ocultar o distorsionar por todos los medios a su alcance el conocimiento público del nivel de preparación» de los estudiantes.

Considera que el reconocimiento del profesorado como autoridad pública «debe hacerse efectivo a todos los niveles», por lo que reclama que se lleve a cabo «un desarrollo reglamentario inmediato del artículo 124.3 de la LOMCE –Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa–», que permita «perseguir cualquier delito cometido» contra los profesionales en el ejercicio de su labor. Una autoridad que, en opinión de los miembros de APIA, debe «quedar adecuadamente plasmada y explicitada en todos los documentos educativos: planes de centro, programaciones didácticas, etc». A ello suma otra reivindicación: el pleno ejercicio del «derecho fundamental de la Constitución a la libertad de cátedra, sin imposiciones de modas pedagógicas ni de intromisiones ideológicas en beneficio de la máxima capacidad del profesorado para desarrollar su labor docente con libertad y responsabilidad».

La entidad sindical solicita que se devuelvan a los centros públicos andaluces «los recursos necesarios para poder ofertar un modelo de enseñanza exigente y basado en la excelencia». En ese sentido, pide que se reformen «en profundidad» los «actuales currículos de la ESO y del Bachillerato, ahora cuestionados merced a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a instancias de APIA».

«Es preciso un Estatuto Docente que proteja y aliente la libertad pedagógica y de cátedra del profesor», engarzan desde una organización que defiende que «corresponde a las administraciones educativas decidir cuánto se debe enseñar, pero no cómo» hay que hacerlo. En su lista de deberes pendientes, APIA incluye una apuesta «decidida» por «la Formación Profesional Dual de calidad en los centros públicos y que no quede en usufructo de los centros privados y concertados». Cree que se tiene que «incrementar el número de plazas ofertadas de ciclos formativos para responder a la demanda real» de los jóvenes de la comunidad, adecuar «la dotación y el tamaño de las aulas» de los mismos a la normativa vigente, fomentar «el desdoble del profesorado en los módulos que requieran especial atención» o «presenten un elevado número de alumnos» y permitir que «sean los propios centros los que decidan la cantidad máxima de alumnos que puedan ser matriculados», de acuerdo a los medios y a las instalaciones de las que dispongan. Los profesores de instituto entienden que es urgente además reactivar los procedimientos de acceso a la función pública, así como «racionalizar la oferta de empleo público mediante concursos-oposición coordinados a nivel estatal que incluyan todos los puestos docentes consolidados». En ese apartado de metas a lograr, exigen «unas garantías mínimas de acceso para los funcionarios interinos», para lo que buscan que se «redefina» el concurso-oposición «con un nuevo modelo de pruebas». En general, el sindicato demanda «un sistema justo y transparente de provisión de puestos de trabajo» y una «regulación clara y precisa» de la jornada laboral. No se olvida de las pagas extra «escamoteadas» tanto en 2013 con en 2014.

Ustea estará vigilante también

El sindicato Ustea pidió ya ayer a la Junta la puesta en marcha de medidas que demuestren su apuesta por el profesorado de la pública como convocar «oposiciones con plazas de consolidación y de reposición adecuadas», tras negociar con la Mesa sectorial.

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