Junta de Andalucía
Los recortes en Sanidad dejan en evidencia a Susana Díaz
Un documento interno de una Unidad de Gestión Clínica insta a limitar el cribado de PSA, clave para detectar el cáncer de próstata
La sesión de control parlamentaria se produjo justo después de la certificación del fracaso de las negociaciones para formar Gobierno y la convocatoria virtual de nuevas elecciones. Teniendo en cuenta el contexto, todo hacía pensar que el debate en la Cámara autonómica iba a transitar en clave electoral. Fallaron las apuestas. Juanma Moreno (PP) le cambió el palo a Susana Díaz con una radiografía cáustica sobre la Sanidad, Teresa Rodríguez (Podemos) se centró en la crisis de los refugiados sirios y Juan Marín (Ciudadanos) advirtió que iba a hablar de su «libro»: la marcha de la economía y la bajada del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que sigue sin concretarse. Sólo Antonio Maíllo (IU) se metió en arena de elecciones recordando a la jefa del Ejecutivo en clave literaria que «los muertos que vos matasteis –Izquierda Unida– gozan de buena salud».
Este cambio del guión descolocó a Susana Díaz. Especialmente en la intervención del presidente del PP andaluz. Ciertamente se esperaba que Juanma Moreno explotara ayer –era el día– las aspiraciones nacionales de la líder andaluza y la invectiva televisiva del consejero de Justicia contra jueces y fiscales. Moreno sin embargo se centró en hacer un vuelo rasante por la situación de la Sanidad andaluza y se reservó como golpe de efecto un informe de la propia Junta en el que se proponen medidas de contención como la limitación de pruebas diagnósticas.
El presidente del PP-A soltó los datos en cascada. Aludió a los 1.600 millones de euros de recorte sanitario, a la reducción de 1.400 camas y a la pérdida de 6.500 puestos de trabajo desde que Susana Díaz juró el cargo en septiembre de 2013. «El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 15.000 eventuales y luego nos da lecciones sobre la precariedad laboral». Aludió asimismo a los 90.000 andaluces que esperan para someterse a una operación quirúrgica o a la ruptura de la cohesión sanitaria: «Granada tiene un 35 por ciento más de enfermeros que Jaén».
El dirigente popular puso como ejemplo el hospital de Loja para censurar también la «tournée» de inauguraciones de Susana Díaz, que recientemente se congratuló de haber inaugurado 11 centros en el último mes y medio. Moreno le fue mostrando las fotos de Manuel Chaves, Griñán y la propia Díaz. Los tres han participado en inauguraciones en el hospital granadino en los últimos ocho años. «Sólo le interesa la foto y los titulares».
Moreno aludió a dos documentos de la Consejería de Salud de 2015. Uno de ellos es un informe interno de la Unidad de Gestión Clínica de Montoro (Córdoba), perteneciente al Distrito Sanitario Guadalquivir, en el que se recomienda, bajo el «objetivo específico ‘dejar de hacer’», «no realizar de forma sistemática» el cribado de PSA, una prueba determinante para detectar el cáncer de próstata; y no solicitar «densiometría ósea en mujeres menopáusicas para valorar el riesgo de fractura osteoporótica sin realizar antes una valoración de factores de riesgo que lo justifiquen». «Estos recortes se hacen porque usted lo manda», apostilló.
El otro documento que esgrimió el líder del PP-A es relativo al hospital Reina Sofía de Córdoba y señala como «objetivo específico» «disminuir la mortalidad en pacientes incluidos en la lista de espera quirúrgica electiva a un 5 por ciento anual». «¿Acaso es que están muriendo pacientes en lista de espera?», preguntó Moreno.
Por su parte, Díaz acusó a Moreno de haber sido la «mano derecha» de Ana Mato en el Ministerio –el presidente del PP fue secretario de Estado de Igualdad y Políticas Sociales– cuando el Gobierno central acometió en abril de 2012 «el mayor atropello a la sanidad pública en democracia, al acabar con la sanidad universal e imponer el copago», dijo la presidenta andaluza.
La jefa del Ejecutivo enmarcó la crítica de Moreno dentro de una estrategia «de alarma» para «favorecer a los que quieren hacer negocio con la salud». No dejó pasar el caso gallego. Dos cargos sanitarios del Gobierno de Núñez Feijóo han sido imputados por prevaricación administrativa por negar costosos fármacos a enfermos de hepatitis C. «Aquí, el tratamiento para la hepatitis C se seguirá prescribiendo al margen del coste». «Es importante saber lo que cada uno hemos hecho con la Sanidad».
En cuanto a las listas de espera, Díaz trató de rebatir las críticas con datos más favorables. «En Andalucía se sitúa 29 días por debajo de la media nacional». Una cifra a la que vinculó «el grado de satisfacción» de los usuarios de la región.
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