Los recursos y los plazos juegan en contra de la memoria histórica

Las asociaciones confían en que el Parlamento andaluz apruebe la Ley de Memoria Democrática «antes de que acabe el año» y plantean priorizar las exhumaciones porque los trabajos «son caros».

La polémica en torno al parque para perros de Málaga situado sobre una fosa de la Guerra Civil, que finalmente será clausurado por un «malentendido técnico», ha vuelto a poner de relieve las acciones que está llevando a cabo la Junta en materia de memoria histórica. La principal, desde que la Consejería de Cultura asumiera estas competencias en 2015, es la denominada ley de memoria democrática, que se encuentra en fase de alegaciones en el Parlamento tras superar el debate de totalidad el pasado mes de febrero. Los recursos económicos y los plazos juegan en contra de esta norma que las asociaciones memorialistas confían en que esté aprobada a finales de año. Así lo asegura el presidente de la asociación granadina para la recuperación de la memoria histórica, Rafael Gil, quien reconoce que «los recursos no son ilimitados» a la hora de desarrollar el texto. En cuanto a los plazos, el afán de los familiares por encontrar los restos de sus seres queridos y así cerrar el «luto suspendido» que mantienen choca con los tiempos parlamentarios y con la programación de las exhumaciones, puesto que «no se van a poner en marcha de manera inminente», sostiene.

Los presupuestos autonómicos de este año consignan 1.164.700 euros a las iniciativas que plantea la Dirección General de Memoria Democrática, integrada en el departamento de dirige Rosa Aguilar. La cantidad es ligeramente superior a la que se destinó el año pasado: 1.032.871 euros. Sobre las ayudas a los colectivos, según la resolución de 25 de noviembre de 2015 –la última de la que se tiene constancia–, se destinó un total de 101.435 euros en subvenciones a 21 entidades. En su mayoría, son proyectos de difusión e investigación, además de publicaciones de libros, jornadas y exposiciones. Gil, no obstante, critica que el Gobierno central «se ha inhibido en este tema», por lo que «todo el peso económico no debe recaer sólo en la Junta».

Junto a la aprobación de la ley, la Consejería ha trazado otras líneas de trabajo de cara a este año. Entre otras, desarrollar un programa «con claro sentido pedagógico» extensivo «a todos los niveles educativos», el asesoramiento a las víctimas y a los familiares de la guerra civil y el franquismo, la elaboración de un banco de ADN, en el que «se trabaja de manera coordinada con la Universidad de Granada», y la convocatoria, anual o bianual, de los premios de la recuperación de la memoria histórica.

Un aspecto relevante es la elaboración de un plan andaluz de exhumaciones, que «debe servir para priorizar, determinar y guiar las actuaciones en fosas comunes». En este punto, la Junta especifica que deberá ser redactado por «expertos con la participación de las universidades, aunque su referencia principal deben ser los familiares de las víctimas y las entidades memorialistas». El proyecto de ley detalla que es la Administración autonómica la única que puede realizar las excavaciones y no las asociaciones o particulares, que se pueden enfrentar a multas de hasta 150.000 euros si abordan estas actuaciones en solitario. Gil asegura que se debe actuar «con cautela» en este sentido y determinar las excavaciones «con la certeza de que van a resultar exitosas». «Estos trabajos son bastante caros y requieren de un permiso judicial y estudios arqueológicos», recuerda.

El mapa de fosas es otro asunto controvertido. La Consejería recuerda que Andalucía «fue la primera comunidad autónoma en comenzar los trabajos de un mapa de fosas de la guerra civil y de la represión franquista integrado en España». Precisamente, ha contabilizado más de 600 en la región y ha exhumado la de mayor tamaño del país: la del cementerio de San Rafael de Málaga, con 2.840 cuerpos. Ahora se propone «actualizar y mejorar» el que se elaboró entre 2006 y 2010, que supuso «un escrupuloso trabajo de investigación resultado de la colaboración entre universidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y Junta». Precisamente, Gil sostiene que en estos momentos «hay una mayor sensibilidad social» sobre este asunto y señala que «hay más gente que ha hablado y ha aportado datos más precisos».

El catálogo de lugares de memoria, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente. Esta iniciativa, junto a la regulación de Lugar de Memoria Histórica, viene recogida en el decreto 264/2011 de 2 de agosto. La Consejería se ha propuesto también incluir nuevos espacios «suceptibles de esta declaración» al objeto de «contribuir a un mejor conocimiento de la guerra y la posguerra en Andalucía». Sin embargo, la asociación memorialista Verdad, Justicia y Reparación acusó recientemente a la Junta de «dejación de funciones» en este ámbito porque desde la salida de Luis Naranjo como director general de Memoria en enero de 2015 «no se han vuelto a declarar nuevos lugares». Además, la señalización «se paralizó y se abandonó». Gil, por su parte, sostiene que se puede dar una «colisión de intereses» con los propietarios de los terrenos y defiende que esta declaración «no implica parar una actividad agrícola».

«LORCA SUPONE UN AGRAVIO PARA EL RESTO DE VÍCTIMAS»

Tras contar con el aval de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta y del Ayuntamiento, el próximo mes de septiembre comenzará una nueva excavación en la localidad de Alfacar (Granada) para intentar encontrar los restos Federico García Lorca. En esta ocasión, al frente de los trabajos están los arqueólogos de la asociación «Regreso con honor», que han localizado tres pozos que podrían haber sido utilizados como fosas comunes. El presidente de la asociación granadina para la recuperación de la memoria histórica, Rafael Gil, asegura que los reiterados intentos para hallar sus restos «supone un agravio para el resto de víctimas», ya que «no es el único desaparecido». Precisamente, su entidad defiende que «lo importante no es encontrar al escritor, sino tener la evidencia de que allí se cometieron unos crímenes». Esta nueva zona de excavación es un punto cercano a un cortijo, donde pudo ubicarse un campamento de instrucción de la Falange.