Los servicios sociales, en jaque

Un joven polaco muerto por inanición en la cola de un albergue de Sevilla. Pesaba apenas 30 kilos y acababa de recibir el alta en el hospital Virgen del Rocío. Tres miembros de una misma familia mueren intoxicados en Alcalá de Guadaíra. En un principio se especuló con que habían consumido alimentos en mal estado pero, independientemente de las causas de los fallecimientos –que todavía se investigan–, el caso dejó al descubierto el drama de una familia que sobrevivía a duras penas vendiendo cartones y ropa usada, ocupas en su propia vivienda puesto que el banco se la había embargado. Estos dos sucesos reflejan con extrema dureza la preocupante situación por la que atraviesan muchas personas en Andalucía que, una vez agotadas las prestaciones por desempleo e incluso las redes familiares, se ven obligados a acudir a unos servicios sociales que no cubren la ingente demanda. La política social en la comunidad autónoma se debatió en 2013 entre el populismo de IU –con medidas efectistas pero con escaso recorrido– y la crudeza que viven las asociaciones que miran a los ojos a los necesitados, asfixiadas por los recortes de la Junta y con más voluntarismo que recursos.

Un dato que debería llamar a la reflexión lo dio a conocer la Asociación Pro Derechos Humanos: la tasa de pobreza relativa, a las puertas de la exclusión social, es del 21 por ciento en la región y la de pobreza severa casi se ha duplicado, llegando al 3,7 por ciento. En total, hay 312.000 hogares sin ningún tipo de ingreso en Andalucía. Es decir, se empieza perdiendo el trabajo, el paro y la ayuda de 400 euros y, en uno o dos años, no se puede mantener la vivienda e incluso la alimentación.

Ante esta situación, ¿qué está haciendo la Administración andaluza? El socio de Gobierno, IU, está abanderando la causa de los derechos sociales, aunque muchas de sus medidas han quedado en saco roto. La iniciativa «estrella» del Gobierno andaluz ha sido la puesta en marcha del decreto ley de medidas urgentes contra la exclusión social, el denominado decreto «antiexclusión», con cuatro pilares básicos: contrataciones laborales a través de ayuntamientos, garantizar la comida a menores y mayores en riesgo de exclusión, el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio y el aumento en 44 millones de la partida del salario social. El objetivo de la acción más llamativa es garantizar que los escolares sin recursos reciban tres comidas diarias –desayuno, almuerzo y merienda– en los comedores de los colegios. Unos 5.500 menores se están acogiendo a la medida, que cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros. Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, fue mucho más allá al anunciar que la Junta garantizaría la luz y agua a los andaluces que reciban el salario social, aunque fue rápidamente desautorizado por el PSOE. Llegados a este punto, la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, terció asegurando que no quería «más titulares utilizando a los más débiles».

Precisamente, Díaz se reunió el pasado mes de octubre con la denominada Mesa del Tercer Sector, integrada por ONGs y otras organizaciones sociales, ante las que se comprometió a crear una «Comisión del diálogo civil» para que exista una relación «fluida» entre el colectivo y la Junta. Igualmente, se comprometió a resolver en menos de tres meses los expedientes de salario social, que sufrían reiterados atrasos desde el verano.

Se trata, en muchas ocasiones, del último recurso disponible para las personas que han agotado las demás fuentes de ingresos, como las prórrogas de 400 euros. Se concede durante seis meses y el pago oscila entre los 400 y los 645 euros mensuales, dependiendo de los componentes de la unidad familiar. Actualmente, la cifra de perceptores se eleva a 47.300 en Andalucía, un dato récord desde 1991 y casi el triple que en 2008.

Una asignatura pendiente del Gobierno andaluz es la puesta en marcha de la renta básica, aunque IU quiere impulsar su tramitación para que esté operativa en 2015. La Consejería de Políticas Sociales ya puso en marcha una comisión técnica para abordar la articulación de esta medida, aunque su trabajo deberá complementarse con el de una comisión parlamentaria creada al efecto. De momento, ningún plazo nuevo más allá del horizonte temporal de 2015 marcado por la coalición de izquierdas y ninguna cifra ni compromiso presupuestario.

Mientras, la oposición ha ido dejando al descubierto los recortes de la Junta en materia social, muchos de ellos reflejados en el Presupuesto de 2014. En concreto, el PP denunció que las cuentas para el próximo año contemplan 70 millones menos en políticas de protección social. Los populares dibujan el siguiente mapa: 21 millones de euros menos para el servicio de apoyo a las familias, 10,8 para la atención a la infancia, 9,6 para bienestar social, cinco para drogodependencia, 3,7 para justicia juvenil y cooperación, 700.000 para voluntariado, dos millones para pensiones asistenciales y tres para coordinación de políticas migratorias. Igualmente, alertaron de que no se prevé la creación de nuevas plazas para mayores ni para personas con discapacidad y se reducen las plazas en centros ocupacionales para personas con discapacidad un 36 por ciento, lo que supone 2.156 plazas menos.

Varios colectivos sociales, ante los constantes recortes, han dado la voz de alarma. La Federación Andaluza Enlace –formada por más de 100 asociaciones dedicadas a la atención a drogodependientes– criticó que la partida dedicada a este ámbito ha sido reducida un 14,83 por ciento en el Presupuesto de 2014. Además, también se verán mermadas las transferencias corrientes a centros provinciales y municipales en un 7,89 por ciento y a las entidades colaboradoras en un 20,64. «En sólo cinco años, entre 2009 y 2014, la partida de entidades colaboradoras ha bajado un 69 por ciento. ¿Cómo podemos admitir esto?», se preguntó Lola Fuentes, vicepresidenta de Enlace. Por su parte, la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) se llegó a manifestar por la deuda de más de 30 millones de euros que mantiene la Junta con el colectivo. Muchas de sus asociaciones, tal y como denunció la confederación, «han pasado de cobrar de 40 días a 150 días vista».

Los ayuntamientos también se han visto afectados por los recortes de la Junta en este ámbito y, en el caso de Jaén, la cuerda se tensó tanto que el Consistorio decidió no prestar la atención a la dependencia hasta que el Gobierno andaluz no pagara lo adeudado. Sin embargo, los trabajadores de las empresas que prestan este servicio han seguido atendiendo a los casi 420 dependientes de la capital. Pero ambas administraciones no se ponen de acuerdo en los números: el Ayuntamiento cifra la deuda de la Junta en 800.000 euros y ésta la reduce a la mitad.