Los sindicatos prevén 15.000 empleos gracias a las 35 horas

La Junta traslada en la reunión de la mesa de Función Pública el obligado apoyo de los partidos ante el riesgo de recurso del Gobierno a la reducción.

Dos confirmaciones y una gran incógnita deparó la reunión de la Mesa General de la Función Pública celebrada ayer para analizar el decreto ley por el que se recupera la jornada laboral de 35 horas semanales en los empleados públicos de la Junta. Por un lado, los sindicatos CSIF, CC OO y UGT transmitieron el mensaje de la Administración: sin el respaldo de los grupos parlamentarios andaluces y una resolución institucional contra un posible recurso del Gobierno central se antoja complicado que los 270.000 empleados públicos vean aplicado el 16 de enero de 2017 la medida. Y por otra parte, los representantes de los trabajadores valoraron como un éxito arrancar a la Administración que la reduccion se aplique también al sector instrumental. La pregunta sin respuesta oficial es qué cálculo hace el Gobierno andaluz respecto a la generación de empleo que propiciaría la aplicación de la iniciativa. UGT cifraba en alrededor de 15.000 los empleos necesarios.

Para el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, la restitución de las 35 horas semanales es una medida clave «para la creación de empleo público estable y de calidad en la Comunidad donde más puestos de empleo público se han perdido en estos años». E insistió en la premura por convocar «ofertas de empleo público acordes a las necesidades de la Función Pública andaluza, para que no sigan existiendo urgencias colapsadas por la ausencia de personal, aulas con un ratio elevado en los centros educativos andaluces o problemas en la gestión de la dependencia, del desempleo o de los juzgados. Andalucía necesita cerca de 20.000 puestos de trabajo con carácter de urgencia».

CC OO reconoció que el riesgo de recurso contra este decreto ley por parte del Gobierno «sigue existiendo, aunque la Junta esgrima el Estatuto de Autonomía». Y UGT entiende que se generarían alrededor de 15.000 puestos de trabajo, «lo que suponen dos pilares fundamentales en nuestra sociedad: generación de empleo y mejora del servicio a la ciudadanía».

Durante la reunión se aprobó también el Reglamento para regular los permisos por cuidados de hijos afectados por cáncer y enfermedades graves. Además de por problemas oncológicos, se amplían los supuestos que darán derecho a este permiso que podrá acumularse en jornadas completas y podrá solicitarse no solo durante la minoría de edad de los hijos, siempre que quede acreditado que su situación clínica exige una atención directa, continua y permanente. Será efectivo tanto durante la hospitalización como durante la continuación del tratamiento tras el diagnóstico y, cuando el ingreso se produzca en un centro situado a una distancia superior a los 120 kilómetros del centro de trabajo.

Asimismo, la mesa acordó mejoras en las ayudas para la atención a personas con discapacidad que pueden solicitar los empleados públicos, permitiendo que se puedan recibir de forma complementaria a otras prestaciones y servicios. Asimismo, se han actualizado las cuantías correspondientes a 2016 incrementándose del 75 al 80% de los gastos justificados la cantidad a compensar con un máximo de 3.000 euros.