Los sindicatos se aferran a la gestión de cursos pese a las irregularidades

La presidenta de la Junta se reunió ayer con los máximos responsables de CC OO-A y UGT-A y con el presidente de la patronal andaluza (CEA). Es el primer encuentro con los agentres sociales desde que Susana Díaz tomara posesión del cargo el pasado día 7. El interés de la convocatoria creció al trascender que el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha abierto diligencias por el desvío de fondos de partidas finalistas de la Junta, un asunto que afecta especialmente a UGT.

El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, a la vez que prometió «transparencia total» para que «la ciudadanía tenga la certeza de que cualquier recurso público se plantea correctamente y no hay ningún tipo de irregularidad», evitó pronunciarse sobre el escándalo y dar explicaciones. Ni tocaba ayer abordar este espinoso asunto, ni tocaba –«la comparecencia no creo que sea para hablar de estos temas»– decir si la personación del sindicato en el juzgado, después de la denuncia de Manos Limpias, es en calidad de acusación o como parte perjudicada. Con la presidenta de la Junta tampoco tuvieron oportunidad de entrar en detalle en este asunto porque –según esgrimió el máximo dirigente de UGT-A– se abordaron «temas generales» y no se entró en «profundidad». Fernández no se salió del guión de las últimas semanas: el sindicato está llevando a cabo una investigación interna «de cara a clarificar todos los hechos» y hasta que no termine no van a dar ningún tipo de información.

El mismo «no toca» esgrimió el secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, cuando se le preguntó en el Palacio de San Telmo por la imputación de su secretario de Organización, Miguel Ángel Soto Cubero y de una ex alto cargo de la Junta, Esther Azorit, al desviar parte de una subvención de un millón de euros para prevención de riesgos laborales en el pago de dietas y de una charanga.

A lo que no renuncian los dos sindicatos de clase, pese a las irregularidades detectadas, es a seguir gestionando cursos de formación y otras partidas finalistas, con lo que han esgrimido reiteradamente que no obtienen beneficio alguno. A la pregunta por parte de este periódico de si los sindicatos se planteaban dedicarse exclusivamente a la labor sindical y apartar el desarrollo de cursos, Carbonero respondió con cierto enfado. «Las políticas activas de empleo no son un invento de los sindicatos, sino una prioridad en un país con seis millones de parados y una comunidad con un millón y medio». «CC OO ha gestionado un porcentaje muy pequeño de la globalidad de las políticas activas y el resultado de la terminación de cursos, de colocación, ha sido muy importante, por encima de la media. La mayoría de estas partidas las han gestionado empresas privadas o ayuntamientos. Por tanto –abundó Carbonero– no vamos a renunciar nunca a disputarle la plusvalía al capital, que intenta siempre hurtar el consenso sobre la paz social». «La hemos pasado jodidas, con muchos años de cárcel, mucha lucha, mucha gente valiente presentándose en las empresas», deslizó.

El elevado gasto de la Junta en formación no se ha correspondido, sin embargo, con al menos una amortiguación de la tasa de paro, que sigue siendo la más elevada de España (35,79 por ciento). El secretario general de CC OO-A achaca exclusivamente la culpa al «modelo productivo» basado en «el beneficio rápido y la especulación» y no a los errores en la puesta en marcha de estas partidas, errores que sí detectan reiterados informes de la Cámara de Cuentas. Uno reciente es clarificador. El órgano de fiscalización andaluz detectó irregularidades en todas las líneas de fomento de empleo en 2009 (420 millones de euros). La ausencia de control de los resultados después de la formación era una deficiencia constante. La Cámara ni siquiera pudo acceder a una subvención a UGT de 1,9 millones porque no se la proporcionó el Gobierno andaluz.

El presidente de la CEA, Santiago Herrero, reconoció, por su parte, que las irregularidades sobre la gestión de fondos públicos que salpican a los sindicatos «afectan a la imagen de la concertación, pero no a la concertación en sí misma».

Uno de los principales problemas que trasladó Herrero a la presidenta de la Junta fue el cierre del grifo del crédito. No abordó, sin embargo, con Sussana Díaz ni la deuda con las empresas de obra pública ni las perspectivas de inversión en los presupuestos de 2014, que están próximos a su presentación. Díaz garantizó asimismo a Herrero que no aumentará la presión fiscal con nuevos impuestos, pese a que es una de las reclamaciones más insistentes de IU.

Los sindicatos hicieron hincapié en su preocupación por la presión nacionalista en torno al reparto de fondos y, en este sentido, exigieron a la máxima mandataria autonómica que sea «exigente» con el Gobierno central en este debate para que Andalucía no salga perdiendo.