Más de cinco años con la nota de las oposiciones «colgada»

Un examen de inglés que le habría convertido en funcionario del Estado. Ése es el «deja vù» en el que se ha anclado la vida profesional de Rafael Cuesta, ingeniero de caminos en paro que en 2007 optaba a una de las tres plazas de técnico en al especialidad de hidrogeología, del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El de idioma era el tercero de cuatro exámenes y su nota acumulada, la tercera mejor de los aspirantes. Pero el 11 de octubre su nombre no apareció en la lista de aprobados. Y justo ese día comenzó lo que califica como «un calvario» para denunciar algo en lo que la Justicia le ha dado la razón en dos ocasiones: las irregularidades que se produjeron en la corrección de la prueba.

«En todo momento me negaron el acceso al examen, incluso la Audiencia Nacional, y dejaron que lo custodiaran quienes no respetaban las normas», lamenta mientras espera que se cumpla la sentencia del Supremo que anuló «el acto de calificación del tercer ejercicio». Dictada en abril de 2012, ordena «la retroacción del procedimiento al momento previo a su calificación». Para ejecutarla, en septiembre de 2012, el presidente y los vocales del tribunal opositor volvieron a corregir los ejercicios. Teóricamente, porque, según denuncia Rafael, se limitaron a «ratificar las calificaciones» dadas cinco años atrás. Así lo advirtió también la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quien el pasado mayo dictó que debía «proceder al debido cumplimiento» del fallo. El «segundo intento de ejecución» –como lo denomina el afectado–, en junio pasado, también está recurrido. «Ahora se ha corregido, pero sin tener en cuenta la conversación que mantuvimos con el especialista de inglés», critica Rafael.

De hecho, en el acta remitida por la secretaria del tribunal opositor a la Audiencia, figuran los criterios de corrección pero se obvia la nota de una parte del ejercicio –que constaba de dos escritas y una oral–, vulnerando las bases de la convocatoria. Según el opositor, al no existir grabaciones no es posible recuperarlas, por lo que insiste en la necesidad de que todo el proceso se anule. También alerta sobre la particular «sintonía» de los examinadores, que coincidieron en cada una de las calificaciones de los aspirantes en la que supuso la tercera corrección del mismo examen.

Entre la «vergonzosa» actuación del tribunal opositor, señala las contradicciones entre el entonces presidente y algunos vocales. En la investigación interna realizada por el Ministerio, la secretaria llegó a afirmar que «las notas valoratorias de los integrantes del tribunal se tiraron», limitándose, según sus palabras, a calcular la media de todas las calificaciones. La investigación recoge también cómo uno de los vocales admite que desconocía que el aprobado se hubiera situado en un 4,5 y no en el cinco sobre diez. Unas anomalías que Rafael confía que sean suficientes para que, tras cinco años, la Justicia resuelva a su favor. «No sé cuándo, pero lograré mi plaza. No voy a parar», dice con la convicción de quien se sabe con la razón de su parte.