Nueva amenaza judicial por el canon del agua

El PP-A anunció ayer que ha encargado un informe jurídico sobre la «responsabilidad civil e incluso penal» que pueda tener la Junta por el hecho de que el dinero recaudado por el canon del agua no se esté destinando en su totalidad a la realización de infraestructuras de depuración y saneamiento, que es su finalidad. «Pensamos que puede haber responsabilidad jurídica detrás del incumplimiento permanente del carácter finalista del canon», según señaló la portavoz parlamentaria de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio del PP-A, Patricia Navarro.

En su opinión, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene en este momento dos caminos: o la administración «se pone las pilas» y empieza a desarrollar las obras comprometidas o «devuelve a los andaluces todo el dinero recaudado por el canon». «Antes de que los tribunales sean los que indiquen el camino, la presidenta debería decidir qué va a hacer», apuntó. Para Navarro, la historia del canon del agua en Andalucía, que se creó en el año 2010 a través de la Ley de Aguas y cuya recaudación se inició en mayo de 2011 con el objetivo de construir y mejorar obras de depuración y saneamiento de agua, ha sido la «crónica de un gran engaño y de un atraco al bolsillo de los andaluces».

La dirigente popular señaló que desde mayo de 2011 y hasta diciembre de 2015, la Junta ha recaudado 345 millones por el canon de agua, que en modo alguno han sido destinados en su totalidad a las citadas obras. Por ello, se preguntó «dónde está el dinero que salió del bolsillo de los andaluces».

Tras recordar que la Junta se comprometió a invertir 1.766 millones en obras de depuración y saneamiento de agua hasta 2015, Navarro se refirió a la denuncia de Fadeco, Ceacop y la Asociación de Ingenieros consultores del Andalucía, en la que ponen de manifiesto que desde mayo de 2011 y hasta noviembre de 2015 se han invertido solo 59 millones de euros, el 3,3 por ciento de la inversión prevista y el 17,10 por ciento de los 345 millones recaudados.

En este sentido, denunció la «opacidad y el oscurantismo» de la Junta en torno al dinero recaudado y ejecutado a través de este canon. También recordó que en la modificación de la Ley de Aguas que se llevó a cabo a finales del pasado año se incluyó, durante el trámite en el Parlamento, una enmienda del PP-A en materia de transparencia sobre el canon del agua, de manera que la Junta estaría obligada a publicar los datos sobre el desarrollo de obras, grado de ejecución presupuestaria o procedencia del dinero ejecutado. Por ello, exigió al consejero de Medio Ambiente que cumpla ya con la ley.