Nueva causa archivada en el Ayuntamiento de Tomares

El Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias incoadas para investigar el pago de la productividad a los funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento de Tomares, por lo que considera la denuncia promovida por el PA «fuera de lugar», según informa el Consistorio. De esta manera, «la resolución confirma la legalidad del pago a estos funcionarios y subraya que no existen requisitos para calificar los hechos como susceptibles de alcance contable».

Para el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), «con este nuevo archivo se demuestra una vez más que el Ayuntamiento de Tomares gestiona los recursos públicos de manera ejemplar y siempre con el máximo respeto a la ley, como mejor garantía para los vecinos de Tomares, mientras que el portavoz del PA, con sus denuncias sin fundamento, sólo busca hacer demagogia política y saciar su afán de protagonismo, ya que, para colmo, como en este caso, conocía de primera mano el informe del secretario por el que estaban avalados estos pagos de productividad».

Según apunta el Ayuntamiento, en el año 2015 el PA de Tomares presentó un escrito de denuncia ante el Tribunal de Cuentas en el que manifestaba, a su entender, que las cantidades pagadas mensualmente a los funcionarios con habilitación nacional en concepto de productividad no se ajustaban a la legalidad, solicitando al órgano de fiscalización que declarase la responsabilidad contable por tal actuación.

Ahora, «el Tribunal de Cuentas ha avalado la legalidad de estos pagos, y en su resolución ha analizado de manera pormenorizada las citadas retribuciones llegando a la conclusión de que, ‘sin perjuicio de valoraciones desde otros ámbitos del ordenamiento jurídico, no concurre el elemento material de daño a los fondos públicos y no procede el pronunciamiento en estas actuaciones de alcance’, por lo que, ‘al estar ante una situación de inexistencia de supuestos de constitutivos de alcance, no cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto a las presuntas responsabilidades’».

El Ayuntamiento de Tomares siempre ha defendido «la absoluta legalidad en todas y cada una de sus actuaciones y, en concreto, de estas retribuciones, ya que estaban avaladas por el informe del secretario de la Corporación y de la Intervención Municipal, como ahora ha quedado refrendado por el máximo órgano de fiscalización en España», sostiene el regidor.

Además, desde el Consistorio apuntan que «se da la circunstancia de que, pese a que el portavoz de PA conocía el informe del secretario, al que tuvo acceso en varias ocasiones, y sabía que la conclusión del mismo recogía que la retribución devengada en concepto de productividad especial le corresponde concederla al alcalde con los requisitos que se plasmaban en las resoluciones del alcalde, prefirió seguir adelante e interponer una denuncia que, como ha quedado demostrado una vez más, solo buscaba hacer demagogia política y protagonismo personal».

El archivo de esta causa se suma al de las supuestas irregularidades relacionadas con los informes de una frase por los que el Ayuntamiento pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes al edil Juan Campos. Fue el Tribunal Supremo el que decidió archivar la causa abierta contra Sanz al considerar que no hay «indicios relevantes» de que incurriera en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.