Nueva medida «estrella» del bipartito: garantizar tres comidas a los escolares

Díaz anuncia 16 millones para ese fin y Moreno dice que ya se gastan 7,5 al mes.

IU ya lo había advertido. El bipartito pondría en marcha nuevas medidas «revolucionarias», que siguieran la senda del Decreto-Ley de vivienda que ha hecho mucho ruido. En ese contexto, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, anunció ayer que el Gobierno andaluz aprobará este mes un Decreto-Ley de lucha contra la exclusión social dotado de unos 100 millones de euros y con tres ejes fundamentales: solidaridad alimentaria, creación de empleo a través de un plan de acción social y una renta básica.

Por lo que respecta al primer bloque, Díaz explicó que, de lunes a viernes, los niños andaluces tendrán garantizadas en sus centros escolares tres comidas, desayuno, almuerzo y merienda porque, según los datos que maneja la Junta, uno de cada seis menores en la comunidad está en una situación de pobreza extrema. La medida, que también se llevará a cabo a través de ONG o centros del día, contará con una dotación económica de unos 16 millones.

Ésa es la teoría, en la práctica, cabe recordar que hace sólo tres meses, en enero, alrededor de 6.400 niños no pudieron acudir a 122 comedores escolares de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, afectados por una huelga de Brassica Groups motivada por los impagos del Ejecutivo autonómico. En algunos puntos de la región como en Cádiz, el conflicto se agravó al sumarse al paro de la concesionaria del servicio una huelga de las monitoras que cuidan a los alumnos, a las que también debían unos tres meses de sueldo. La situación económica de Brassica se volvió insostenible en 2012 debido a los retrasos de hasta ocho meses en los abonos del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), que finalmente le pagó 1,2 millones de euros en diciembre, pero, para entonces, la concesionaria ya acumulaba deudas con la Seguridad Social y el dinero fue retenido por Hacienda, según explicó el director general de Brassica, Manuel García Gallardo. Tras el conflicto, la Junta adjudicó el servicio a otras sociedades. Con esos antecedentes, la secretaria de Turismo del PP-A, Rosario Alarcón, exigió a los miembros del Gobierno de coalición, tras conocer el avance sin concreción de Díaz, que «dejen de jugar con la gente» que se encuentra en una situación de emergencia social en la comunidad y ponga fin al anuncio de decretos que «sólo buscan titulares de prensa» y continuar con la «demagogia» del la norma de vivienda. Según la popular, Díaz tendría que haber preguntado a la consejera de Educación, Mar Moreno, antes de anunciar esta iniciativa por qué en los colegios andaluces existen dificultades no sólo para «cumplir» con los servicios alimenticios sino con el resto de actividades de carácter social o de ayuda a las familias.

«Que se pregunte –añadió– por qué no están comiendo los niños andaluces en los colegios si las competencias en educación son de la Junta». En ese sentido, Alarcón instó al bipartito a recaudar los «más de 1.400 millones de euros» defraudados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para obtener fondos, de los que ahora carece, para dedicarlos a ese fin. «Que el dinero defraudado a los parados lo incorporen al Plan de Vivienda y al Plan de Acción Social, que ya estaba anunciado», sentenció. Moreno, por su parte, aseveró que la Junta destina 7,5 millones al mes a los comedores escolares, lo que cubre la gratuidad del servicio para el 50 por ciento de los escolares adscritos, y garantizó su continuidad «por lo que valga». ¿Aunque supere los 16 millones señalados por Díaz, a los que habría que añadir los 7,5 por cada mes del curso escolar que apuntó Moreno? Las asociaciones de padres esperan que no se trate de un nuevo «brindis al sol».