Núñez suma al ex consejero Fernández y a Márquez a los investigados por las sobrecomisiones de los ERE

Es habitual. La instructora del «macroproceso» de los ERE, María Núñez, ha vuelto a admitir peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. En esta ocasión lo ha hecho para llamar a la causa centrada en las sobrecomisiones ligadas a los fondos públicos al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Juan Márquez «en calidad de investigados». El Ministerio Público entendió que existían indicios de la «participación» de ambos «en el pago del programa 31L –el denominado «fondo de reptiles»– de sobrecomisiones a las empresas» de José González Mata –otro de los encausados en los ERE vinculado a la consultora Uniter– para «la creación y el mantenimiento de oficinas de atención» a «colectivos de trabajadores de empresas en crisis». Todo «sin sujeción a procedimiento alguno ni determinación o justificación de su coste para la Junta de Andalucía». Ello permitió «de forma indiciaria», a juicio de la Fiscalía y de la jueza puesto que ha hecho suya la argumentación de aquélla, un «enriquecimiento indebido» de Mata por esos abonos por encima de los precios de mercado.

Y no es lo único que dispone la jueza en un auto fechado el 13 de julio consultado por LA RAZÓN. Tras avisarle Anticorrupción de que aún no lo había hecho de forma expresa, la magistrada suma al grueso de la investigación, pero en relación a ayudas pagadas por Estudios Jurídicos Villasís esta vez, a las entidades Muebles Don Formón, Roda Textil SCA, Sapphire Grupo Empresarial, Promociones Vinícolas, Tialna, Dehesa Navera, Megara SCA y Sociedad de Desarrollo del Pedroso –por una transferencia concreta de 240.000 euros–. Junto a ellas señala a la Federación Minerometalúrgica de CC OO-A por un importe de 104.400, así como a Salvador García y a Verónica Galloso.