«O su ayuntamiento le paga la luz o se la cortamos»

El nuevo bono social eléctrico obligará a los servicios sociales a asumir la mitad del recibo de personas en exclusión. Unas 250.000 familias podrían verse afectadas, con un coste de 80 millones

Los cambios en la regulación del bono social eléctrico vuelven a generar polémica. El bono social se aplica actualmente a familias numerosas sin límite de renta, mientras que el resto de beneficiarios deben acreditar unos ingresos máximos. El Gobierno está modificando su aplicación para cumplir con las sentencias judiciales que dieron la razón a las eléctricas. En el borrador del real decreto presentado por el Gobierno ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establece una nueva categoría, la del usuario «vulnerable severo», con un límite de ingresos entre 4.800 y 6.500 euros, según los miembros de la familia. Los cálculos realizados por la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (Adygss), tomando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan un horizonte de 250.000 hogares susceptibles de acceder a esa condición. El coste de pagarles la mitad del recibo de la luz durante un año, que es el compromiso que deben adquirir los servicios sociales, estaría en torno a los 84 millones de euros aunque dependerá del consumo individual.

El artículo 20 del proyecto explicita que el suministro a una persona en riesgo de exclusión social «no podrá ser suspendido cuando la administración autonómica o local cuyos servicios sociales estén atendiendo al consumidor asuma al menos el 50 por ciento del importe de su factura». Si no se comprometiera a pagarlo, la compañía podría dejarle sin luz.

El presidente de Adygss, el malagueño José Manuel Ramírez, señala que esta medida podría suponer una cantidad que duplica de lejos el presupuesto actual que las administraciones públicas destinan a prestaciones complementarias, ayudas económicas que se conceden para el pago de recibos (luz, agua, hipoteca o alquiler) como para asumir gastos del día a día. En 2015, el gasto en esas partidas fue de 35 millones de euros, según la evaluación realizada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de los municipios andaluces. «Los servicios sociales repartimos ese dinero pero dentro del plan de intervención, con un compromiso adquirido por parte de las familias. Es una norma paternalista y antipedagógica. ¿Y por qué la electricidad sí y el gas no?», se pregunta. Considera el todavía borrador del real decreto «de una irresponsabilidad tremenda. Esas ayudas de emergencia social están dentro de procesos de inserción, no puede ser de carácter general. Hay que respetar la intervención de los servicios sociales. Esto está fuera de toda la lógica», insiste.

El borrador aclara que «se deben desarrollar tanto los mecanismos y actuaciones necesarios para la asignación de dichas aportaciones como el procedimiento y condiciones para su financiación». Pero de momento descarga en las ayudas sociales el peso de cientos de facturas. «Nadie ha pensado que ese dinero va a salir de las arcas públicas de los servicios municipales sociales, que ya han sido recortados en estos años previos. Es una atrocidad», repite Ramírez, que advierte también de la «sobrecarga de gestión para los profesionales. Se ha multiplicado la demanda y han mermado los recursos».

«Antes si te cortaban la luz el responsable era la eléctrica, ahora dirán a las familias que soliciten la ayuda anual al ayuntamiento y si en cuatro meses no le abonan ese 50%, le cortarán la luz ‘por culpa de su alcalde’ –asegura–. Me extraña que ni los alcaldes ni los presidentes de las diputaciones hayan dicho nada al respecto porque este problema se les va a poner en la puerta de su casa». En principio, se establecen dos meses de plazo para el corte definitivo desde que se notifica el requerimiento de pago de una factura. Si la persona está acogida al bono social, se ampliará a cuatro meses. El modelo diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para informar del vencimiento del período de pago especifica que «adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para que la informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro». De ahí debe arrancar a los servicios sociales, es decir, a los ayuntamientos fundamentalmente un compromiso para que asuma el pago de los recibos durante el año que se extienda el descuento por bono social.

La renovación anual es otro de los cambios incorporados. Las familias deberán solicitar ahora cada doce meses la prórroga, que hasta el momento se aplicaba mientras no cambiaran las condiciones que permitían acogerse a la bonificación.

Para los considerados «vulnerables» –familias numerosas y el resto en función de su renta–, la tarifa se aplicará un descuento del 25 por ciento, que para los «vulnerables severos» llegará al 40 por ciento.

En 2016, dentro del programa de suministros mínimos vitales de la Junta, se reservaron 6,4 millones de euros para atender a familias que no pudieran cumplir con las facturas –Sevilla con 1,4 millones y Granada, un millón, fueron las provincias que mayores cuantías recibieron–. Durante 2015, el mismo programa sirvió para ayudar a 29.130 familias; ligeramente superior a las 28.865 beneficiarias del año anterior. No solo la luz. También para evitar el corte del agua o impuestos como el de la recogida de basura y el alcantarillado.

En Andalucía, 512.000 hogares están acogidos al bono social, según datos facilitados a LA RAZÓN por Endesa. Supone el 21% de toda España; extrapolando esa cifra el coste anual para la compañía rondaría los 39 millones.