Ochocientos directivos de las agencias y fundaciones de la Junta, en el punto de mira

El lunes 3 de diciembre no fue un día cualquiera en la Junta. Por primera vez en cuarenta años, el PSOE despertó sabiendo que había perdido el mando de Andalucía. El nerviosismo socialista se extendió a todas las entidades que trabajan de forma paralela con la Administración: 21 agencias, 24 sociedades mercantiles, 16 fundaciones y 12 consorcios en los que tiene participación única o mayoritaria. En ellas trabajan 23.899 personas. Y 828 son directivos sobre los que el más que probable gobierno de coalición PP-CS tiene puestos sus ojos. Los Presupuestos no precisan, no obstante, cuántos tienen la consideración de altos cargos –gerentes, directores generales, consejeros, etc.– y cuántos son mandos intermedios, solo indica cuántos conforman el «personal no directivo» (23.071 personas). El nombramiento de todos está supeditado a las decisiones de la cúpula, por lo que esos mandos de enlace también podrían cambiar, al entenderse que son puestos de confianza de los actuales responsables.

Cs ya había centrado su discurso en aligerar el sector público. Así lo reflejaba el acuerdo de investidura firmado en 2015 con Susana Díaz: reducción al mínimo de los entes públicos y cargos directivos, así como hacer públicos sus sueldos. Y que a todos los puestos por debajo de ese nivel se acceda por oposición. En su programa electoral ha vuelto a recogerlo, igual que el PP, cuyo compromiso cifra en la eliminación de al menos el 25% de los altos cargos. El resto, saldrán para que los ocupen personas de confianza del nuevo Gobierno.

Las agencias empresariales copan el presupuesto y la gestión que realizan estos entes, creados, según la Ley, por razones de eficacia. Su principal cometido es dar cobertura a servicios públicos de carácter social, empleando el 81% de los recursos propios que se destinan desde la Junta a dependencia, educación, sanidad y servicios sociales. En sus Presupuestos de 2018, el Gobierno andaluz defendió la disminución del peso de su sector instrumental, aunque maneja un montante de 4.355 millones –de los que 3.450 proceden directamente de las arcas públicas–. Los fondos europeos son una importante fuente de financiación: este año recibirán de Europa casi 374 millones.

Pero el debate no se refiere a la utilidad real de esas empresas, si no al supuesto descontrol sobre ellas. Un ejemplo es que la Junta ha evitado durante años dar la cifra exacta de las personas que trabajaban en los entes instrumentales. No fue hasta la reordenación del sector público en 2010 cuando trascendió ese dato, solicitado reiteradamente por sindicatos, partidos e incluso la prensa. El decreto de medidas urgentes de ese año adelgazó el sector público, quitádose de encima 111 entes, con un ahorro estimado de cien millones en tres años. Empresas, consorcios y fundaciones entraron en esa criba, donde se crearon también organismos nuevos, como la Agencia de la Dependencia o la de Obra Pública. Esos movimientos no afectaron, sin embargo, a los trabajadores, que fueron recolocados según el criterio del Gobierno andaluz. Es más, desde esa fecha, la plantilla ha crecido en más de cuatrocientas personas, mientras las ofertas de empleo públicas estaba limitadas: de 23.476 empleados a los 23.899 que había en 2017, según los últimos datos aportados por la Junta.

La entrada en vigor de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) en 2007 modificó el funcionamiento de este «denso entramado de entes instrumentales», como literalmente lo denomina la propia ley. El aumento de los controles y la mayor burocracia ralentizó la actividad de las agencias empresariales, convirtiéndolas «de facto» en una administración paralela. Hasta entonces, en las empresas disfrutaban de mejores salarios que en la Administración teniendo la misma categoría laboral. En el caso de la RTVA, su responsable llegó a cobrar 140.000 euros, casi el doble del sueldo del entonces presidente de la Junta.

El sistema de acceso también ha centrado las críticas. Actualmente existen bolsas para sustituciones o se ofertan a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pero la contratación indefinida se frenó hace una década. No todas funcionan igual. Tienen sus propios estatutos y convenios. En el caso de la Agencia de la Dependencia, en septiembre se aprobó una subida salarial media del 15,9%, similar a la negociada por la Agencia Amaya, responsable de la extinción de incendios, con casi cinco mil trabajadores.

El funcionamiento de la administración paralela ofrece paradojas como que la propia Junta se sirva de ella para obtener financiación, pese a que debiera ser quien la financiara, contribuyendo a engordar la deuda que arrastran. Un informe de la Cámara de Cuentas al respecto, sobre el ejercicio 2016, constataba una deuda global de más de 4.460 millones.

863 millones debe a ocho agencias

La Junta debía 863 millones a sus ocho principales agencias al cierre de 2016, según el último informe publicado por la Cámara de Cuentas. De esa cantidad, 266 millones correpsonden a saldos impagados desde hace más de dos años; otros 32 millones seguían sin pagarse cinco años después. En concreto son: la Agencia andaluza del Conocimiento, la de Energía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), la agencia de Obra Pública, la de Puertos, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, IDEA y la de Vivienda y Rehabilitación (AVRA).