Ordenan la apertura de juicio oral por la muerte de Julen

La jueza reclama al dueño de la finca una fianza de 885.000 euros

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra David Serrano, el dueño de la finca donde está el pozo en el que murió el pequeño Julen, el niño de dos años que cayó en enero de este año en dicha perforación, a quien además se impone el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias por importe de 885.300 euros.

La magistrada del tribunal atribuye a Serrano un delito de homicidio por imprudencia grave, y acuerda en su resolución que el enjuiciamiento se celebre en un juzgado de lo Penal, manteniendo la misma situación de libertad del acusado.

Respecto de la fianza, se basa a la estimación económica que la Junta de Andalucía hizo de los trabajos de rescate del pequeño Julen, un total de 663.982,45 euros una vez se ha tenido el desglose de las empresas intervinientes y la valoración de estas actuaciones a la que se añade un incremento de un tercio de acuerdo al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El responsable del operativo y portavoz del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, Ángel García Vidal, ha calificado los trabajos de rescate como una obra “de ingeniería civil humanitaria”; no en vano más de 300 personas participaron en un operativo en el que se removió cerca de 83.000 metros cúbicos de tierra para excavar un pozo paralelo que llegase hasta el pequeño

La instructora del procedimiento, concede al dueño de la finca de plazo un día -a partir de que se le notifique la resolución dictada el 12 de septiembre- para depositar dicha fianza y le advierte de que, en caso de no hacerlo, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

La Fiscalía, la acusación particular, en representación de los padres del niño, y la Junta de Andalucía han solicitado la apertura de juicio oral contra Serrano por un delito de homicidio por imprudencia grave.

Inicialmente, el ministerio público solicita tres años de prisión, mientras que la representación de los progenitores piden tres años y medio de cárcel.