Piden 11 años de cárcel para Guerrero por el «caso Umax»

El Gobierno andaluz reclama una indeminización de 467.000

euros debido a las contrataciones paralelas de personal.

La Junta de Andalucía ha solicitado 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría, entre otras sociedades, para la contratación de 44 trabajadores, «la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)».

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Junta pide para Guerrero siete años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; cuatro años de cárcel y de inhabilitación y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial, así como nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, solicita siete años de prisión, 23 años de inhabilitación y el pago de una multa de 4.500 euros para el también ex director de Trabajo Juan Márquez a cuenta de los mismos delitos atribuidos a Guerrero, mientras que al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, le pide 16 años de cárcel, cerca de 800.000 euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 12 años.

De igual modo, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa.

En el escrito elevado al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, la Junta no acusa a otros ex altos cargos procesados por la juez, como son el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo. La Junta relata que Guerrero, como director general de Trabajo, creó a partir de 2003 tanto en su Dirección General como en los servicios de su Dirección General en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una estructura administrativa de personal «al margen» de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo «mediante la contratación de, al menos, 44 personas, la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)».

Según indica, esta mecánica continuó en el tiempo una vez se produjo el cese de Guerrero y el nombramiento de Márquez, quien «continuó abonando facturas a las entidades vinculadas» con Ulpiano Cuadrado « y proponiendo la contratación por éstas, para desarrollar trabajos en la Dirección General, de personas de su círculo de confianza».