Piden cárcel e inhabilitación a la concejal socialista de Carboneras que «compró» láminas de Goya desaparecidas

La Fiscalía ha solicitado penas de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y actual edil en la oposición, Josefa Cruz Orta (PSOE), acusada de adquirir irregularmente con cargo a las arcas municipales una colección de 80 estampas de Francisco de Goya que se encuentran "desaparecidas"sin que "jamás"se expusieran al público.

El Ministerio Público remarca que Cruz Orta incurrió en la compra por 3.250 euros en un "gasto innecesario y superfluo para el erario público"y le reprocha la toma de una decisión que califica de "personal suya, arbitraria en su esencia y alejada del interés público".

Atribuye, así, a la concejal socialista por unos hechos que se remontan a antes del mes agosto de 2009, la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos.

El escrito de calificación provisional, recoge que Josefa Cruz, en su condición de concejal de Cultura de Carboneras, tomó el acuerdo de adquirir para el Ayuntamiento "80 estampas de Francisco de Goya de una colección denominada 'Los Desastres de la Guerra' por importe de 3.250 euros".

Señala que el pago se hizo de forma "aplazada"en los meses siguientes y que "fueron abonados por el Ayuntamiento"según consta en la factura emitida por la editorial.

"JAMÁS"EXPUESTAS AL PÚBLICO

Si bien las referidas estampas fueron recepcionadas en el Ayuntamiento "en torno al 31 de agosto de 2009 por la acusada", el fiscal subraya que "jamás"fueron expuestas al público, "ni utilizadas ni visionadas por ninguna persona amén de la acusada, estando desaparecidas desde fecha indeterminada y sin que estén localizadas en ninguna dependencia municipal".

Sobre la decisión adoptada por la concejal, indica que no siguió "ningún criterio técnico, ni conveniencia ni utilidad para el Ayuntamiento"al tiempo que no se tramitó "mínimo expediente administrativo".

"Fue una decisión personal suya, arbitraria en su esencia y alejada del interés público, que supuso un gasto innecesario y superfluo para el erario público", concluye.

El fiscal interesa, al margen de las penas privativas de libertad e inhabilitación, el pago de una multa de cuatro meses a razón de 10 euros al día, que se le impongan dos años de suspensión de empleo o cargo público municipal y que satisfaga la cantidad presuntamente malversada.

Asimismo, solicita que se aporten los antecedentes penales de la acusada. Cabe recordar que Josefa Cruz se sentará a finales de octubre en el banquillo junto a otras dos ex concejales socialistas y un empresario acusada de la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2007.

Las diligencias previas que han derivado en esta causa penal, en la que también fue investigado el ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández aunque finalmente se dictó sobreseimiento, se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público.

DENUNCIA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Esta, a su vez, partió de la denuncia interpuesta por el equipo de gobierno de Gicar-PP en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad.

La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

El consistorio carbonero, personado como acusación particular y que solicita las mismas penas que el fiscal, lleva más de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual"al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.

De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.