Polígono Sur: asignaturas pendientes

El Consejo de Gobierno del pasado martes ratificó a María del Mar González, profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla, como nueva comisionada del Polígono Sur en sustitución de Jesús Maeztu, actual Defensor del Pueblo Andaluz. Por delante tiene la complicada tarea de regenerar el principal foco de marginación de la capital hispalense, que cuenta con un Plan Integral –en el que participan el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento– con muchos proyectos y buenas intenciones pero con escaso presupuesto.

Polémico nombramiento

La designación de González no ha estado exenta de polémica. Fue la apuesta de la Junta desde el primer momento, aunque el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, prefería a alguien con un perfil menos vinculado al PSOE. Zoido no ha ocultado su interés por que ocupara el cargo la ex secretaria de Estado de Asuntos Sociales Amalia Gómez, aunque ella misma se encargó de autodescartarse. Lo cierto es que, el mismo día que el Consejo de Gobierno ratificó el nombramiento de González ,el regidor expresó su malestar. «No me opongo, aunque no me han gustado las formas». El alcalde denunció públicamente que «ha habido una filtración imperdonable para un cargo de estas características», aunque le pidió que «trabaje con seriedad, despolitización absoluta y pensando en los más necesitados». Luego se reunió en el Palacio de San Telmo con la propia González en presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

Un perfil orientado a la familia

González cuenta con un vasto currículum docente e investigador que, no obstante, se ajusta poco a las necesidades del barrio. Está vinculada al área de Psicología Evolutiva y de la Educación y, entre sus publicaciones, destaca el tema de la familia y la conciliación. La marginación o las políticas de integración social no son asuntos en los que se ha centrado en su vida profesional. En su carrera profesional figura una mancha y es la de haber presidido una agencia de adopción de niños rusos que fue denunciada por un grupo de familias presuntamente estafadas. En 2005 el juzgado de instrucción número 7 de Sevilla archivó el caso, pese a la insistencia de las 24 familias afectadas por la paralización de los expedientes, que incluso habían adelantado dinero para que los trámites fructificaran.

Enfrentamiento entre clanes

El pasado mes de agosto se rompió la paz que se había logrado en el barrio tras años de enfrenta-mientos y episodios violentos. Un tiroteo entre clanes se saldó con la muerte de una menor de siete años. Este suceso volvió a poner en evidencia uno de los principales problemas de la zona: la presencia de armas. La Policía Nacional desplegó una operación en las semanas posteriores, incautándose varias decenas de armas de fuego, blancas e incluso un Kalashnikov. También fueron detenidas un total de 30 personas, entre los que se encontraban diez imputados por la muerte de la menor. La nueva comisionada tendrá que dar forma a un operativo policial permanente, reclamado por los vecinos insistentemente, para evitar que las familias con armas sigan imponiendo su ley.

Proyectos sin financiación

La rehabilitación de viviendas y la construcción de una comisaría de Policía Nacional son las dos grandes reivindicaciones vecinales en materia de infraestructuras. Sin embargo, la falta de financiación están lastrando ambos proyectos. González deberá arbitrar voluntades para conseguir fondos, con el problema añadido de las permanentes discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta, de diferente color político. El absentismo escolar, la dotación de servicios e incluso la eliminación de las barreras físicas que impiden la integración del barrio en la ciudad son otros asuntos pendientes.