Presión popular al CGPJ para que respete casi un lustro de trabajo de Alaya

SEVILLA- El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol utilizó en varias ocasiones en los primeros años del siglo XXI la «alarma social» como argumento jurídico a la hora de aplicar sus sanciones a los clubes de fútbol –en la mayoría de ocasiones, sevillanos– ante incidentes registrados en el interior de sus estadios. En la severidad de sus decisiones se tenía en cuenta la repercusión mediática de los hechos, el efecto que tendría de cara a la opinión pública adoptar una postura u otra. Resulta poco creíble que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utilicen esta argumentación en sus dictámenes, pero es obvio que no viven alejados de la realidad social de España. Quizá por ello ha surgido una peculiar iniciativa popular de apoyo al trabajo en los juzgados de Sevilla de la «valiente» jueza Mercedes Alaya, reclamando que pueda acabar una labor de más de cuatro años en las principales macrocausas de corrupción investigadas en Andalucía.

En los primeros días de agosto, con el grueso de la población desconectada, y sin publicidad alguna, más de un millar de personas –anoche la cifra exacta era de 1.184– han firmado la petición de Antonia Parra Fernández, oficial de la Administración de Justicia jubilada, que dirige desde Cádiz un escrito en Change.org a la ciudadanía «en defensa y apoyo» de la jueza. No es la única iniciativa de este tipo que ha surgido en los últimos tiempos –la jueza incluso tiene una página de fans en Facebook con más de 50.000 «me gusta»– pero sí la primera que cuaja de verdad y en un momento relevante, en el que está en juego el devenir de investigaciones como el caso de los ERE y los cursos de formación que han desvelado las peores formas de proceder del Gobierno socialista andaluz durante años.

Parra esgrime que hasta ahora han sido «miles» los comentarios sobre el «buen hacer» de esta «gran mujer y extraordinaria jueza» y que «no hay derecho» a que le «quieran apartar de las macrocausas de corrupción en las que trabaja desde hace años». Por ello considera que «ha llegado el momento» de apoyarla «con eficiacia y gratitud» para que «sepa y sienta el latir de nuestros corazones ansiosos de justicia ante tanta incoherencia y corrupción». «Para defenderla de quien quiera atacarla» porque «no está sola», insiste en su petición.

Es el momento de «actuar», antes de que el CGPJ conteste al escrito enviado por Alaya «quejándose» de la jueza María Núñez Bolaños, «que debe ser recusada», en lo que Parra entiende «una muestra más de valentía».

«Comencemos por reconocer que la justicia en España está enferma, muy enferma –continúa–. El brazo ejecutor de la Ley adolece de vicios graves y cuando esto ocurre, la sociedad en la que vive comienza a dar tumbos de debilidad, no se puede vivir sin justicia, sin una justicia plena, que su amparo dé respuestas limpias y sanas a la necesidad que una sociedad cansada le reclama. Empecemos a recorrer el largo camino para rescatar su esencia. ¡Reaccionemos de una vez¡ La justicia por la que está luchando denodadamente esta jueza es algo tan sublime como la voz espiritual que emana desde lo más profundo del ser humano, cuando harto de complicaciones, de problemas, clama honestidad al brazo ejecutor de la ley».

La decisión definitiva del CGPJ respecto al reparto de tareas en el juzgado aún está pendiente de la resolución después de que el 28 de julio se celebrase la última reunión de la Comisión Permanente sin resolverse esta cuestión y se decidiera posponer. Alaya, además de arremeter contra su sustituta en el juzgado número 6, alega que deberían dejarle a ella la dirección de la causa de los ERE «sin interferencias durante los seis meses que ha de durar la comisión», ya aprobada por el CGPJ.