Procesados los tres ex directores de Empleo por la plantilla paralela a su servicio

La jueza de Instrucción número 10 de Sevilla ha procesado a cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por disponer de un grupo de trabajadores externos a su servicio en las dependencias de la Consejería de Empleo. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social contaba con una plantilla de trabajadores que colaboraban con este centro directivo pero que en realidad pertenecían a una empresa externa, Umax Informática y Consultoría. Prestaron sus servicios en la Dirección General entre 2003 y 2010, en plena época de tramitación de los ERE fraudulentos. Supuestamente, esta circunstancia se corrigió cuando la Junta comenzó su investigación interna, pero la magistrada ha acabado procesando también a Daniel Alberto Rivera, el ex alto cargo que lideró la revisión de los expedientes y que también ha acabado imputado en los ERE. Junto a los tres ex directores generales –Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y el citado Rivera–, la instructora señala que los secretarios generales técnicos, encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería, eran Francisco Javier Aguado –que desempeñó el cargo de 2004 a 2008– y Lourdes Medina Varo –desde 2008 hasta 2012–.

En un auto, adelantado por Europa Press, la jueza mantiene que «los trabajadores de Umax siempre prestaron sus servicios en la Consejería de Empleo», solicita que se de traslado de las diligencias a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones personadas, a fin de que en el plazo común de diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Hay que recordar que estas diligencias se abrieron tras una denuncia de la propia Junta de Andalucía ante la jueza Mercedes Alaya por su posible vinculación con el «caso de los ERE». La magistrada entendió que la causa debía salir a reparto y recayó finalmente en el juzgado de Instrucción número 10.

La jueza señala que desde 2003 Umax «prestaba sus servicios» a la Dirección General de Trabajo, de manera que «la retribución que obtenía se cifraba en el coste de los sueldos de sus trabajadores – al menos 44 acreditados, dice–, que prestaban sus servicios en exclusiva para la Dirección General, más un porcentaje nunca inferior al 20 por ciento». Lo llamativo es que aunque estos trabajadores fueron despedidos en 2010, «la mayoría de ellos fueron contratados inmediatamente» en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) «y posteriormente y hasta la actualidad» en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En la comisión de investigación de los cursos, los ex responsables de Faffe aseguraron que no conocían la existencia de Umax.

Tercer ex directivo de la Faffe que no aporta datos, tampoco de los planes de Delphi

Tres ex directivos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) han pasado por la comisión de investigación de los cursos de formación sin que hayan aportado apenas datos para ayudar a esclarecer los hechos, entre ellos, el ex director general Fernando Villén, que lo hizo el pasado lunes. Además, los servicios de la Cámara notificaron a los diputados que tenían a su disposición documentación sobre este ente público ayer mismo pasadas las dos de la tarde, cuando los comparecientes ya se habían marchado.

La presencia del ex gerente de la Faffe en Cádiz, Luis Marqués, era esperada porque los «número uno» y «dos» de la fundación anunciaron el lunes que ofrecería todos los datos sobre Delphi. En realidad, se limitó a señalar que ellos sólo cumplieron órdenes que le venían desde Sevilla. Sus funciones se limitaban a desarrollar los proyectos, entre ellos los planes que afectaban a los ex trabajadores de Delphi, previamente acordados en la comisión de seguimiento que estaba formada por representantes de la Conse-jería de Empleo, de la de Innovación y de los sindicatos del colectivo.

«Todos los procedimientos siempre acababan en la dirección correspondiente que tenía capacidad para autorizarlo. Yo no tenía ningún poder para contraer obligaciones con terceros», apuntó el compareciente ante el desconcierto de los grupos políticos salvo el del PSOE, para el que Delphi «ya se investigó en la comisión de los ERE».