Propuesta otra multa a Cobre Las Cruces, ahora de un millón de euros

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cifra en 496.882 euros los daños al dominio público hidráulico

La amenaza de multa vuelve a salpicar a la empresa Cobre Las Cruces SAU. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga desde 2014 extracciones ilegales de aguas subterráneas, una propuesta de resolución de la tejedora designada en el expediente contra dicha entidad como consecuencia de una denuncia del servicio de control y vigilancia del dominio público hidráulico. De acuerdo con ésta, se le imputa a Cobre Las Cruces el haber incumplido una de las condiciones de la autorización administrativa ligada al permiso de modificación de características de las obras, instalaciones y actividades de operación del sistema de drenaje-inyección de la mina al haber derivado aguas por un volumen superior al reinyectado en la masa subterránea de éstas Gerena-Posadas, en los términos municipales sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras.

La sociedad presentó alegaciones, pero, tras examinarlas y rebatirlas, la CHG entendió que no alteraban los hechos que se les achacan, «al quedar constatada la ejecución de los mismos» en la denuncia de octubre de 2016. Éstos están tipificados «como infracción administrativa en la legislación de aguas», por lo que resulta de aplicación el régimen sancionador. Claros esos términos, en el documento de la confederación al que tuvo acceso LA RAZÓN se plantea imponer a Cobre Las Cruces una multa de un millón de euros, además de fijarse la «obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cifra de 496.882,94». Un importe que podría reducirse en un 20%, en 200.000 euros, si la entidad reconoce de forma voluntaria su responsabilidad, antes de que el Consejo de Ministros resuelva sobre este tema, e incluso en un 40%, con una rebaja de 400.000, en el caso de que además de lo anterior abone el resto.

En la propuesta de la CHG anida un tercer mandato dirigido a la empresa: el de abstenerse de forma «inmediata» de incumplir «el balance hídrico impuesto» en la resolución que se habría vulnerado, «debiendo coincidir los volúmenes totales de agua drenados con los reinyectados y/o compensados conforme a los márgenes autorizados, guardando así el equilibrio drenaje-reinyección de las aguas subterráneas» en los términos que marca el permiso para el yacimiento que se encuentra en vigor.

Si se echa la vista atrás se puede deducir que lo planteado por la confederación no ha podido sorprender en exceso a la empresa aludida, dado que el Gobierno central ya le impuso en julio de 2016 una sanción de 923.091 euros y una indemnización de 276.927,45 por los perjuicios al dominio público por la misma cuestión, con lo que la historia se repite. Con todo, la entidad recurrió al Tribunal Supremo (TS) aquella multa, donde el asunto ya está visto para sentencia.