PSOE y C’s niegan a la oposición un informe jurídico sobre el Presupuesto

La campaña electoral no erosiona el pacto estable que mantienen PSOE y Ciudadanos para la gobernabilidad de la Junta de Andalucía. Tampoco en el Parlamento, donde ayer se vivió un nuevo episodio del «rodillo» que aplican ambas formaciones a las propuestas de la oposición. En este caso, los socialistas y la formación naranja se negaron en la Mesa de la Cámara a la elaboración de un informe jurídico que aclare la situación del Presupuesto andaluz para 2016, aprobado la semana pasada pero del que previamente se había rechazado una sección completa del mismo al votar en contra «por error» tres diputados de Ciudadanos. Esta última circunstancia, según la interpretación del Reglamento que hacen PP, Podemos e IU obligaría a devolver las cuentas al Consejo de Gobierno, por lo que la sesión que sirvió para su ratificación definitiva nunca debió celebrarse.

El cambio de postura de Ciudadanos resulta sorprendente. No lo es que vote una vez más en bloque con el PSOE, pero sí que lo haga contradiciendo lo anunciado por el propio líder de la formación en Andalucía, Juan Marín. El portavoz de C’s aseguró en la tribuna del Parlamento, según recoge el acta de la sesión consultada por este periódico, lo siguiente: «Y después, cuando termine este debate y se aprueben los presupuestos, porque es la voluntad de este grupo político en todas sus secciones, cuando se aprueben, respetaremos cualquier decisión y cual­quier informe, como ustedes han reclamado, y en otras ocasiones ya ha sucedido en esta Cámara, porque nosotros sí respetamos el ordenamiento jurídico y las instituciones, pero no las imponemos», dijo.

Las palabras de Marín ya no valen porque no habrá informe jurídico. El voto en la Mesa de la Cámara de su partido, unido a los del PSOE, impidió ayer que la solicitud del informe jurídico por parte de PP, Podemos e IU se haga efectiva. Los tres grupos parlamentarios de la oposición reclamaron que los servicios jurídicos de la Cámara aclaren qué sucede cuando el Pleno rechaza una sección de las cuentas para 2016, que es lo que se produjo con el dictamen de la Consejería de Presidencia y Administración Local en la primera sesión del debate.

El artículo 130.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía señala que «serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo de Gobierno como las que impliquen la impugnación completa de una sección presupuestaria». Y el 130.5 detalla que «la aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución al Consejo de Gobierno». Esto es lo que sucedió la semana pasada, pero el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán esgrimió el artículo 130.6 que explica que «en el debate de totalidad quedarán fijadas tanto la cifra global del proyecto de Ley de Presupuestos como las de cada una de sus secciones, que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno».

Esta controversia jurídica no podrá ser aclarada porque el PSOE y C’s así lo han decidido. El representante de Ciudadanos en la Mesa, Julio Díaz –presidente también de la comisión de investigación de los cursos de formación»– avaló la postura del PSOE y dijo que «después de que el Pleno haya tomado una decisión, no se puede superponer ninguna interpretación a posteriori». Sobre las palabras de Juan Marín en el Pleno no se pronunció.

La única alternativa es estudiar la actuación de la Mesa desde el punto de vista jurídico, circunstancia que la oposición deberá valorar, toda vez que nadie asume el coste político de una hipotética paralización del Presupuesto de 2016.

Asunto zanjado «por mayoría»

La Presidencia del Parlamento da por «zanjado» este asunto porque «la mayoría» de la Mesa de la Cámara –la que suman PSOE y C’s– ha declinado pedir un informe jurídico a «posteriori» sobre la repercusión del error en la votación del Presupuesto. Critica el uso electoralista de la institución y dice que los informes deben pedirse antes de la toma decisiones. Para después de éstas, los tribunales.