Rebelión en las aulas por los horarios de los profesores

La Junta niega que haya incidencias en los institutos por ese asunto pero dos sindicatos llevan el «caos» a los tribunales y en concreto APIA pide a la inspección que vele porque que se cumpla la legalidad

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, aseguró ayer en el Parlamento andaluz que la Orden por la que se ha modificado la normativa autonómica que regula la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, lo que incluye el horario del profesorado no ha ocasionado incidencias «ni para los alumnos ni para el funcionamiento habitual de los centros». Pero, a menudo, hay visiones diferentes sobre una misma realidad. De hecho, distintos sindicatos no sólo aseveran que «sí ha habido incidencias», sino que auguran: «Habrá muchas más y acabarán en los tribunales».

Es más, Ustea ha presentado ya una demanda judicial por este asunto y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) un escrito ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instando al Ministerio Público a «la apertura de las pertinentes diligencias de investigación penal», por lo que considera «un caos normativo provocado por las instrucciones de la consejería para la elaboración de los horarios de Secundaria». APIA ha puesto a disposición del colectivo de profesores un protocolo de actuación –accesible en su web– a través del que poder solicitar a los directores la notificación de los horarios por escrito. Con ello pretenden que los docentes «puedan reclamar el cumplimiento de la legislación vigente y no se vean aún más perjudicados en sus condiciones laborales» por las consecuencias de la «errática actuación» de Educación, según apuntó a LA RAZÓN su coordinador de Comunicación, Pablo Quesada.

El núcleo del embrollo que niega la consejera se remonta a 2010, año en el que una normativa estatal estableció, entre otras cuestiones, 25 horas fijas para los docentes en los centros. Desde APIA explican que, a partir de ahí, «en Andalucía se introdujo un cambio para fijarlas en 25 horas ‘como mínimo’», modificación que fue un germen de un proceso judicial en el que el Ejecutivo regional acabó allanándose, para después impulsar la mencionada Orden que se publicó en el BOJA el pasado viernes, con el curso iniciado.

El sindicato lamenta que a la consejería «aparentemente no le preocupen los problemas legales en que pueden verse envueltos muchos directores». Su presidente, Manuel Fernández, anuncia que están comprobando «la veracidad de las quejas» que han recibido «sobre algunos inspectores, que podrían estar presionando a los directores para que se cierren los horarios a sabiendas de que incumplen la legislación, pero, a la vez, se niegan a darles esas recomendaciones por escrito cuando los directores se lo piden para intentar salvar su responsabilidad». Desde ese punto añade que su sindicato recomienda a la inspección que cumpla «con su función principal, que es velar por el cumplimiento de la legalidad y no actuar de brazo ejecutor de la Administración a cualquier coste».