Refugiados más allá de Siria

CEAR recuerda la dramática situación de países africanos con conflictos menos «mediáticos». Andalucía recibió el año pasado más de 3.150 inmigrantes que llegaron en pateras

El cuerpo del pequeño Aylan Kurdi postrado en una playa de Turquía sacudió el pasado verano los cimientos de la Unión Europea, que ponía rostro así a la crisis de los refugiados sirios. «Esa foto supuso un punto de inflexión. Se desató un movimiento de solidaridad brutal, recibimos decenas de llamadas para realizar donaciones y de gente ofreciendo sus domicilios para acoger a estas personas», asegura José Carlos Budia, coordinador en Andalucía Occidental de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El trabajo se disparó especialmente desde esa fecha, aunque el año ya estaba siendo especialmente movido. Su sede del centro de Sevilla es a diario un hervidero de inmigrantes que se agolpan en busca de asesoramiento para lograr su estatus de refugiado o solicitar asesoramiento.

Aunque la guerra civil en Siria ha provocado el mayor desplazamiento ciudadano en la UE, desde CEAR insisten en la «crudeza» de conflictos armados en otros países, especialmente africanos. Cita, entre otros, Costa de Marfil, Sudán, Congo, Somalia o Mali, donde hace cuatro años murieron miles de personas. «El caso de Siria es más mediático porque han llegado de forma masiva. Son gente con alto poder adquisitivo que tiene medios para financiarse el viaje. Quienes huyen de África afrontan el trayecto a pie, tardan más y llegan por eso escalonadamente, pero su situación es igual de dramática», denuncia. Estos ciudadanos, relata, quieren permanecer en España, mientras que para los sirios supone un tránsito para alcanzar países del norte de Europa. Las pateras o a través de la valla de Ceuta y Melilla siguen siendo las formas de entrada mayoritarias. El año pasado alcanzaron Andalucía más de 3.150 personas jugándose la vida en el Estrecho.

En el primer mes de 2016, CEAR había tramitado 103 peticiones de ciudadanos extranjeros que pedían protección en nuestro país. Han detectado también un aumento de marroquíes homosexuales que se ven obligados a reclamar protección ante la represión en su país. «Desde el momento en el que una persona solicita asilo es inexpulsable», recuerda el responsable de CEAR. La Ley establece, además, que mientras el expediente no se resuelve, el afectado puede permanecer legalmente en el país. Budia recuerda el «récord» de un joven de Liberia al que se le concedió el estatuto de refugiado después de ocho años. Esta ONG han pasado de trece a veinte trabajadores en apenas seis meses para atender una demanda que en enero se saldó con 108 tramitaciones de peticiones de asilo político. Al día atienden a una media de 12 personas, que aguardan pacientemente su turno ante el colapso de la oficina. Antes la crisis hizo mella en la entidad, que opera a nivel nacional, dejando sus siete sedes en dos: una en Málaga para Andalucía oriental y la de Sevilla para la zona occidental. Sus financiación es mayoritariamente pública (75%), a través de subvenciones y convenios con la Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones. Entre las dos oficinas se reparten en torno a noventa mil euros de ayudas regionales para gastos de funcionamiento; el Ayuntamiento sevillano colabora cediendo las instalaciones y la Diputación aporta 38.000 euros a través de un convenio. «El año pasado tuvimos que ser ‘rescatados’ por la sede nacional tras suspenderse las subvenciones de la Junta», rememora.

Cruz Roja es otra de las entidades que dispone en Andalucía de un centro de acogida con 145 plazas en Puente Genil (Córdoba) y gestiona el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Algeciras. El año pasado atendió a 4.603 personas en ambas instalaciones. CEAR, por su parte, contaba con doce plazas en pisos de acogida hasta hace cuatro meses, que se han convertido en 92. «No solo es darles alojamiento y comida. La acogida supone estar pendiente de ellos, asesorarlos jurídicamente y en materia laboral, procurarles asistencia psicológica y enseñarles el idioma», explica Budia. Estas plazas están financiadas por el Gobierno central, que otorga una asignación y financia la contratación de una persona por cada docena de refugiados. Es además el propio Ministerio del Interior quien los deriva a las distintas ONGs. Sevilla cuenta también desde 1996 con uno de los cuatro centros de acogida de refugiados (CAR) que hay en toda España, dependientes de la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes. En ellos se dispensa atención a personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida o protección temporal por ver amenazados sus derechos fundamentales en sus países de origen. Las estancias son temporales hasta que se resuelve su situación. Las peticiones de protección en España fueron 5.957 en 2014, un 33% más que las recibidas en 2013. En Andalucía se registraron 630, experimentando una ligera bajada respecto al año anterior (686). Málaga fue la provincia que más concentró (221), seguida de Cádiz (111) –ocuparon el sexto y séptimo lugar a nivel nacional–. El 56% fueron denegadas, más del doble que un año antes. Por países, Ucrania (202); Mali (143) y Siria (61) encabezaron las solicitudes; a nivel nacional, Siria encabeza la estadística con 1.681 peticiones de protección. No será hasta mediados de año cuando se conozcan las cifras de 2015, según fuentes del Ministerio del Interior, aunque las ONG apuntan a un considerable ascenso que llegaría a duplicar el último registro.

La repercusión mediática juega a favor de los refugiados sirios. La imagen de un joven quemándose a lo bonzo en un campamento griego el pasado miércoles durante una protesta por el cierre de la frontera ilustró un nuevo capítulo del caos con que la UE está gestionando el mayor desplazamiento forzoso de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre el acuerdo migratorio Turquía-UE que entró en vigor el pasado día 20, CEAR es tajante: «Las expulsiones colectivas están prohibidas. Hay casos documentados de sirios que se devuelven a Turquía y de ahí los expulsan a su país de origen». La política española en las fronteras de Ceuta y Melilla también suscita sus críticas. «¿Por qué los inmigrantes tienen que saltar una valla para pedir asilo?», se pregunta, tras denunciar las limitaciones a ciudadanos procedentes de países africanos para acceder a los puestos de frontera habilitados para solicitar asilo político, que ampara la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.