Sanitarios y docentes andaluces, sin 35 horas semanales de momento

La Junta confía en que el Gobierno no recurra la medida, como sí hizo con Castilla-La Mancha.

Cuando el pasado mes de junio la presidenta de la Junta, Susana Díaz, acordó con los sindicatos de la función pública la devolución del 75 por ciento restante de la paga extra de Navidad suprimida en 2012 anunció también su compromiso de recuperar las 35 horas semanales entre los funcionarios de la Administración autonómica, que se ampliaron a 37,5 horas merced a la ley de reequilibrio económico-financiero del Gobierno central. Ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el decreto ley que da luz verde a la medida, que entrará en vigor el 16 de enero de 2017 y afectará a más de 270.000 empleados públicos.

Sin embargo, el personal sanitario y los profesores no verán reducidas sus jornadas laborales de momento, puesto que quedan excluidos del acuerdo. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se justificó ayer alegando que en el proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicarán las 35 horas «en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de flexibilidad que se negocien en cada ámbito». En cuanto a los docentes, la aplicación será a partir del próximo curso «por razones de organización y planificación del calendario escolar».

La iniciativa se anuncia una semana después de que el Tribunal Constitucional (TS) declarara ilegal la vuelta a las 35 horas semanales de los funcionarios de Castilla-La Mancha. La sentencia especifica que el Estado «tiene la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios y para aprobar la legislación laboral y ambas amparan la aprobación de la disposición adicional de la ley 2/2012 en la que se prevé que la jornada laboral del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales». Ante la posibilidad de que el Gobierno central también recurra la norma andaluza, Díaz se apresuró a asegurar en Twitter que confía en que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no «vete» la medida. Por su parte, Vázquez defendió que Andalucía es «competente» a la hora de definir y regular la jornada laboral de sus empleados públicos, puesto que «tenemos competencias exclusivas que nos atribuye el Estatuto de Autonomía sobre la edificación de la función pública y en materia de personal. También aludió al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Aunque la cifra no es exacta, sí señaló que la medida supondrá la generación de nuevo empleo público, que rondará los 12.000 puestos de trabajo, por lo que «se reforzará la calidad de los servicios, habrá mejores condiciones de trabajo, más posibilidad para conciliar la vida familiar y laboral y aumentará las oportunidades en la comunidad autónoma». La fórmula del decreto ley, según argumentó Vázquez, se escoge, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía, por «razones de extraordinaria y urgente necesidad».

Las 35 horas fueron implantadas en 1999 y suspendidas en 2012 por el Gobierno central. Una decisión que, según el portavoz, «estuvo vinculada a las dificultades económicas que existían en el momento», por lo que no perdió la oportunidad de confrontar, subrayando que «si el Gobierno de España dice que estamos en recuperación, es lógico que se devuelvan todos los derechos a los empleados públicos». En este punto, reclamó al Ejecutivo central que «respete el Estatuto de Autonomía andaluz y la autonomía de las administraciones» y que «no ponga obstáculos a una medida que es de justicia social».

Vázquez fue mucho más allá remarcando que «no compartimos la idea malsana de la derecha, verbalizada por el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de que hay que trabajar más y por menos salario, creemos que hace falta ser más productivos y más creativos». Por ello, aseguró que «Andalucía vuelve a colocarse en la vanguardia nacional en la recuperación de derechos».