Economía
Sin «blanca» en Navidad
Entre las medidas de recortes económicos y sociales para salir de esta terrible crisis económica, originada por la ineptitud y la mala gestión de los gobernantes demasiadas veces corruptos, el Gobierno de Rajoy, en su Real Decreto Ley 20/2012, suprime la paga extraordinaria de Navidad de 2012 de los funcionarios públicos como normativa básica para todas las Administraciones públicas. Pese a ello, hay comunidades autónomas que están buscando fórmulas legales para poder hacer el pago de la extra.
Los funcionarios volvemos a soportar, en nuestras ya maltrechas espaldas, todo el peso y las culpas de la nefasta e insostenible situación económica del país como si fuéramos los culpables de tantos desmanes...
España tiene una casta política que cada día se parece más a los reyes y príncipes del medievo, puesto que los políticos no están dispuestos a peder su estatus, privilegios, coches oficiales, tarjetas de crédito sin límite, etcétera. Todo esto a costa de machacar a impuestos y recortes en derechos sociales a sus sufridos ciudadanos, donde también están los funcionarios.
No hay que ser un avispado economista para llegar a la conclusión de que con esta medida la caída del consumo en estas fechas será terrible y el perjuicio para la caótica economía española será considerable, pues hay más de dos millones de funcionarios y empleados públicos en las distintas administraciones.
En Andalucía la situación es todavía peor, si cabe. El bipartito Griñán-Valderas, pionero en recortar derechos y sueldo a los funcionarios andaluces, propone en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013 suprimir las pagas adicionales de junio y diciembre. Andalucía es la única comunidad autónoma que toma esta cruel medida que supone una disminución salarial de un 7% de media.
Pero si esto no fuera suficiente, por caprichos políticos y no legales, se encuentran cientos de funcionarios de carrera desplazados de sus residencias de origen por el secuestro del concurso de méritos realizado por los responsables de la función pública, lo que produce el consiguiente menoscabo en la conciliación de la vida laboral y familiar. Otra Navidad fuera de casa, a pesar de las dos sentencias firmes del TSJA que dan la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y que la Junta todavía no ha acatado. Recortes y más recortes. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tanto odio e inquina hacia los servidores públicos? Los funcionarios no somos unos privilegiados, somos trabajadores. Los únicos privilegiados son los políticos de este país, que pase lo que pase, a ellos nunca les salpica la crisis.
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