Solicitada la inhabilitación del alcalde de Camas

La Sociedad de Desarrollo de Camas (Sodecsa) declaró el concurso de acreedores a principios de 2014, tras declararse en situación de insolvencia en octubre de 2013, y puede llevarse por delante al Gobierno municipal liderado por el socialista Rafael Recio. Con la crisis, 62 de los 87 pisos de su última promoción de viviendas públicas, en la antigua travesía de la N-630, no se vendieron. Una parte de la deuda, alrededor de 700.000 euros, es con las familias que reservaron algún piso y no obtuvieron financiación posterior para la compra o renunciaron a la adquisición de la vivienda. A la financiera del inmueble –BBVA– se le adeudan 9,5 millones. Según el informe de calificación del concurso del administrador concursal, al que accedió LA RAZÓN, se ha solicitado al Juzgado que se declare el concurso como «culpable», esto es, que Sodecsa habría entrado en quiebra por culpa de las personas que la administraban. Asimismo, y como consecuencia de ello, el administrador concursal solicita al juzgado que declare como culpables tanto al alcalde como a todos los consejeros (que en su mayoría eran también concejales); que declare al Ayuntamiento como cómplice; que se inhabilite al alcalde y al resto de consejeros durante ocho años y medio; que se condene al alcalde, al resto de consejeros y al Ayuntamiento al pago de 1.370.414,16 euros; y que se condene tanto al regidor camero como al resto de consejeros a pagar de su propio patrimonio las deudas de todos los acreedores si no hubiera suficiente dinero con lo que se obtenga de la liquidación de Sodecsa.

En resumen, el administrador concursal pide al Juzgado, en su escrito con fecha 5 de abril, que declare a todas las personas que dirigían Sodecsa como «culpables» y que tanto el alcalde como el resto de consejeros respondan con su propio patrimonio respecto a todas las deudas que queden en la sociedad municipal. Al respecto, se tiene que pronunciar el juez del Mercantil 1 de Sevilla.

Los accionistas de Sodecsa son el Ayuntamiento de Camas (98,5%); y Prodetur, entidad de la Diputación de Sevilla (1,5%). Todos los integrantes del Consejo de Administración de la concursada han sido –y algunos siguen– concejales del Ayuntamiento. La calificación de «culpabilidad» también afecta al Consistorio como «cómplice», al incumplir «la obligación de transparencia».

El informe del administrador concursal señala que el Ayuntamiento «ha contribuido de forma determinante a la realización de los hechos que fundan la calificación». «La concursada ha omitido en su contabilidad la existencia de un derecho de reversión que afecta a determinados elementos de su activo –las parcelas de «El Muro» de Camas en cuestión– y, por tanto, a su patrimonio neto; lo que representa una irregularidad relevante que ha impedido la comprensión de su situación patrimonial en los ejercicios de 2011 a 2013», criticando «que se ha venido manteniendo el más clamoroso de los silencios tanto en la contabilidad» como «en los propios documentos acompañados a la solicitud del concurso».

La valoración conjunta de las parcelas asciende a 1.460.017,17 euros. El administrador concursal denuncia que «no sólo hay una omisión en la constatación de la carga», sino que «puede constatarse una conducta activa de enmascaramiento de dicho derecho de reversión», presentando «una situación de equilibrio que resulta completamente ficticia» por la «alteración de las magnitudes económicas del concurso que, por su gravedad, incide de lleno en la presunción de culpabilidad». Según lo cual, se habrían «falseado» las cuentas para «obtener financiación», obtener «anticipos de clientes» y «contratar con proveedores».