Susana Díaz remodela un Ejecutivo al que encarga vender la recuperación

La presidenta de la Junta busca que la remodelación del Ejecutivo sea el parteaguas de la legislatura: un antes y un después. Hasta el jueves hubo un equipo que tuvo como principal cometido hacer frente a la crisis. Y el que se estrenó ayer debe gestionar la recuperación. Éste fue el mensaje central de Susana Díaz en la entrevista radiofónica a primera hora de la mañana en Canal Sur. Y en la misma idea insistieron posteriormente tanto ella como otros miembros de su gabinete en el acto de toma de posesión de los nuevos cargos que tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo. Andalucía –según deslizó la presidenta autonómica– ha dejado atrás lo peor de la crisis y ahora, en el ecuador de la legislatura, toca crear empleo –ya ha prometido que el paro bajará este año de los 800.000 parados– y devolver derechos para que la gente tenga «mayor calidad de vida». En este sentido, Díaz recordó sus últimas medidas más mediáticas como la renta mínima de inserción. Concretó que llegará en algunos núcleos familiares hasta el 125 por ciento del Iprem. Aludió asimismo a las matrículas gratis para los universitarios que aprueben todas las asignaturas a la primera, y señaló que desde principios de año se está aplicando la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios públicos. Y sobre todo prometió crecimiento y generación de empleo. Las palabras que más repitió ayer y que más ha repetido en los últimos días.

Con este movimiento de piezas Susana Díaz pretende por tanto hacer «tabula rasa» y borrar el incómodo trance de la derrota en las primarias frente a Pedro Sánchez, el verdadero percutor tanto de las medidas que ha anunciado en las últimas semanas como de la crisis de gobierno que se fraguó avanzada la noche del jueves. Ahora está por ver si toda la operación incardinada a rehabilitar su imagen y llegar con fuerza a las elecciones de 2019 surte el efecto deseado. De entrada, los cambios en el Ejecutivo andaluz son sustanciales. Hay cinco nuevas incorporaciones sumando el relevo en la Portavocía y cambios en seis consejerías. Sin embargo, salvo algún cambio de competencias –el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios asume memoria histórica y la titular de Justicia, que pasa a ser Rosa Aguilar, violencia de género–, el armazón del Gobierno queda intacto. En esta ocasión, a diferencia de otras crisis de gobierno, no se produce ninguna fusión o desgaje de departamentos. Las carteras que estaban son las que están. Del mismo modo, el «núcleo duro» de Díaz también se queda inalterable. Manuel Jiménez Barrios sigue al frente de la vicepresidencia del Gobierno. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, es la más longeva del Ejecutivo. Se puso a las órdenes de Manuel Chaves en el año 2004. Y continuará en Hacienda. Otra de las personas más cercanas a Díaz es Miguel Ángel Vázquez, que permanece, aunque pasando de la Portavocía de la Junta a la Consejería de Cultura. Francisco Javier Fernández forma asimismo parte del círculo de extrema confianza y seguirá al frente de Turismo y Deporte. Tampoco hay novedad en la Secretaría General de la Presidencia que seguirá ostentando Máximo Díaz-Cano, la persona que más se ha movido para aupar a Susana Díaz al liderazgo nacional del Partido Socialista. De ahí que en su caso la derrota en las primarias frente a Pedro Sánchez le alcanzara indirectamente, pero de lleno. Un asalto frustrado que ya se había producido antes cuando llevó de la mano a José Bono y a Carmen Chacón. Por otra parte, el actual delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, será el nuevo viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. López Gil ha estado en la diana de la oposición por su relación con una empresa dedicada a impartir cursos de formación.

Los nuevos integrantes del Ejecutivo aportan un perfil más político. La experiencia de la incorporación de profesionales independientes como el fiscal Emilio de Llera o la ex rectora de la Universidad de Málaga Adelaida de la Calle ha provocado más de un dolor de cabeza a la presidenta de la Junta. Sonados han sido los capítulos de De Llera cargando contra jueces y periodistas o de De la Calle con las caracolas o recomendando alternativas al aire acondicionado en las aulas porque éste es «perjudicial» para la salud.

El nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro fue alcalde de Turre y le tocó la patata caliente de defender la gestión de la Junta en la comisión de investigación parlamentaria de los cursos de formación. El consejero de Empleo, Javier Carnero, también ha sido alcalde en Benalmádena, mientras que la titular de Educación, Sonia Gaya, proviene de la Ejecutiva de UGT-A. Su último puesto ha sido el de secretaria Institucional de un sindicato con el que la Junta trata de restablecer definitivamente las relaciones. Se enturbiaron al explotar el presunto amaño en subvenciones públicas que investiga un juzgado sevillano.

Las dos incorporaciones que aportan un perfil más técnico son la nueva consejera de Salud, Marina Álvarez, medalla de Andalucía por su investigación contra el cáncer de mama y Juan Carlos Blanco, un periodista conectado a la vanguardia de la comunicación y que ha desempeñado cargos de responsabilidad en varios periódicos. Mantiene buena relación con los medios y comunica bien, una virtud que cumple con el perfil que ha buscado Susana Díaz. No hay que olvidar que la presidenta de la Junta quiere que los trece consejeros y el portavoz se conviertan en una suerte de apóstoles que anuncien el crecimiento y la recuperación económica. Ése será el mensaje que paute una legislatura que tiene visos de llegar viva a 2019. La llave la tiene Ciudadanos: de momento aprieta con medidas como la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero no ahoga.