Testigo del «caso UMAX»: «La Junta usa los contratos externos para tener una administración paralela»

Otra funcionaria declaró que se enteró cuando llegó en 2012 de una reclamación de 1,5 millones

La que fuera jefa de servicio de la Consejería de Empleo, la funcionaria María José Benítez, declaró ayer como testigo en el juicio por los contratos irregulares con la empresa UMAX que «la Junta usa los contratos externos para tener una administración paralela».

Benítez testificó contra cinco ex altos cargos del Gobierno socialista andaluz y el empresario de UMAX por presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores, que hacían labores en la Dirección General de Trabajo, algunas exclusivas de funcionarios y por un pacto verbal con la sociedad, según la Fiscalía y la acusación particular de la Junta.

En este juicio se enfrentan a diez años de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, los ex secretarios de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina y el dueño de UMAX Ulpiano Cuadrado. La funcionaria declaró que la contratación de personal externo es «habitual» en «toda la Junta» y «se sigue haciendo», ya que es legal para cubrir «necesidades circunstanciales», pero se usa «para tener una administración paralela». Este término fue frecuentemente usado por la hasta ahora oposición al PSOE en el Gobierno, el PP y Cs, quienes acaban de acceder a la Junta y cuya primera medida anunciada ha sido un auditoría sobre estas contrataciones, a su juicio, para tejer una «red clientelar» y «enchufar» a afines del PSOE. Uno de los contratados por UMAX, Javier Gallego, también admitió que conocía a Guerrero de El Pedroso, la localidad de la que fue alcalde, pero dijo que envió el currículum a la mercantil, lo contrató y pagó esta empresa aunque trabajaba en la Dirección de Trabajo y fue despedido en 2008, año en el que asumió el departamento Juan Márquez. Por videoconferenia declararon dos secretarios generales de las direcciones de Empleo de Jaén y Almería y otra jefa de servicios, todos ellos testigos de la Junta.

Posteriormente declaró la funcionaria Ana Robina quien en su día presentó una denuncia en la Fiscalía por las presuntas irregularidades en los contratos. Declaró que se enteró cuando llegó en el 2012 una reclamación de UMAX, que exigía 1,5 millones que se le adeudaban por el trabajo realizado por sus empleados entre el 2007 y el 2010, cuando el entonces director de Trabajo Daniel Rivera exigió que fueran despedidos y dejaran de trabajar allí al no hallar contrato formal con UMAX.