Torrijos esgrime que la causa de los suelos de la lonja ya «fue archivada»

El juicio sobre la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla arrancó ayer. Se juzga si hubo o no amaño en la adjudicación a Sando por una oferta 50 millones inferior a la presentada por Noga en 2006. Una primera sesión marcada por la cuestión previa planteada por la defensa del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU en el ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. Su abogada, Encarnación Molino, invocó el principio del «non bis in ídem» –un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces– y recordó que la causa por las presuntas irregularidades en el concurso público ya fue archivada por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla, una decisión firme desde que fuera confirmada en mayo de 2010 por la Audiencia Provincial.

Esta denuncia, que fue presentada por Lorena 98 contra Mercasevilla, se solapó los ocho meses previos al dictamen de la Audiencia con las diligencias previas que había incoado Mercedes Alaya para investigar «los mismos hechos», según la defensa de Torrijos, dando lugar a una situación «irregular». De hecho, el juez decano de Sevilla previa consulta de la jueza permitió que siguieran adelante ambas causas al considerar los hechos «anteriores y distintos».

Como cuestión previa, Torrijos también se refirió a la prescripción del delito societario que le atribuye la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, personada como acusación particular. A estos argumentos iniciales se adhirió el letrado del ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño.

Entre los ocho restantes acusados llamaron la atención los planteamientos de la defensa del ex director de la lonja Fernando Mellet, incidiendo en que Mercasevilla «no es una administración pública», sino «una sociedad mercantil» por lo que no le corresponde una jurisdicción penal. Es decir, que Mellet no puede ser considerado un funcionario público. Su abogado, José Manuel Carrión, planteó entre las cuestiones previas las «dilaciones indebidas» del procedimiento (el juicio ha comenzado más de siete años después de incoarse la causa) y la «ausencia de imparcialidad» de la jueza Alaya, pues su marido fue auditor de Mercasevilla y Mellet «tuvo que despedirlo por irregularidades gravísimas» (su recusación fue rechazada por la Audiencia). Las críticas a la jueza se repitieron por parte del ex concejal socialista Gonzalo Crespo, por ser encausado «por una referencia y de rondón» en los 15.000 folios que conforman el caso. Por último, Mellet y los abogados de Sando reclamaron la nulidad de las pruebas aportadas por el ex director de Mercasevilla Manuel Blanco a la Guardia Civil.

La Fiscalía pide dos años de prisión para los diez acusados por un delito principal de fraude y exacciones ilegales.