Trasladan al Tribunal de Cuentas las «facturas en los cajones» de la Junta

La patronal de obra pública Ceacop llevará ante el Tribunal de Cuentas el informe de la Cámara de Cuentas –la versión regional de este organismo pero que a diferencia de la estatal no tiene capacidad sancionadora–que constataba la existencia de «facturas en los cajones» en la Administración autonómica.

Tras publicarse el trabajo del órgano fiscalizador, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública pidió explicaciones a la consejería de Hacienda y Administración Pública ya que llevan años denunciando que la Junta no reconoce las deudas que mantiene con las sociedades del sector por trabajos ya ejecutados.

De hecho, hace seis meses presentaron una reclamación administrativa conjunta de más de 120 expedientes de obras con reconocimiento técnico firmado y que estaban pendientes de pago. La respuesta, una vez más, fue «el silencio», lo que ha obligado «a un 72 por ciento de estas empresas a reclamar las cantidades en la vía contencioso-administrativa o bien a la civil», según aseguró ayer su presidente Enrique Figueroa.

La Cámara de Cuentas realizó un análisis sobre «las inversiones reales en el presupuesto de la Junta de Andalucía: especial referencia a la política de infraestructuras» del que se desprende la existencia de facturas en una especie de «limbo» que «supondría el incumplimiento del principio de contabilidad pública, previsto en el artículo 9.1.g) del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta».

Ceacop trasladará ahora ese trabajo al Tribunal de Cuentas mediante un escrito razonado para que este órgano decida si abre diligencias sobre la forma de proceder de la Junta. El Tribunal contempla que «están legitimados activamente para actuar ante la jurisdicción contable quienes tienen un interés directo en el asunto o son titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso (...)». Ése sería uno de los argumentos que esgrimen desde la patronal de obra pública, ya que son parte perjudicada.

La Cámara de Cuentas señalaba que «en cuanto a las inversiones ejecutadas, al menos 452,5 millones de euros de gastos realizados están pendientes de imputar al presupuesto de la Junta de Andalucía» y consideraba que «salvo para los gastos registrados en la cuenta 409 –112,54 millones–, la existencia de facturas y/o certificaciones justificativas de gastos realizados sin crédito consignado supondría el incumplimiento del principio de contabilidad».

Desde Ceacop lamentaban que nadie haya dado traslado de estas presuntas irregularidades al Tribunal de Cuentas. Ahora lo harán ellos.