Tres hospitales de Cádiz, al borde del «desconcierto»

La Junta se plantea un «nuevo procedimiento» para dar cobertura a las zonas de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, tras expirar el contrato con la propietaria de los centros privados sin que ésta presentara una oferta

El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin sus hospitales de referencia. Tres centros que son además los únicos concertados en Cádiz que atienden Urgencias procedentes del sistema público de salud. Santa María del Puerto (El Puerto), Virgen del Camino (Sanlúcar) y Virgen de las Montañas (Villamartín) tienen todos nivel de homologación IV y atendieron a 141.944 personas en 2012, según los datos de la última memoria de centros privados con convenio publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS); el año anterior asistieron a 143.933 pacientes procedentes de la sanidad pública. El acuerdo entre la empresa José Manuel Pascual Pascual SA y el SAS expiraba el 31 de octubre, tras una prórroga de siete meses decretada en marzo. La compañía sanitaria, propietaria de los tres hospitales, dejó que caducara en dos ocasiones del procedimiento abierto por la Consejería de Salud para garantizar la asistencia en esas zonas de Cádiz. El 14 de octubre, finalmente el proceso fue declarado desierto.

Ante esta situación, que dejaría desasistida esos tres municipios gaditanos, fuentes de la Consejería de Salud aseguraron a LA RAZÓN que «se está planteando un nuevo procedimiento para dar cobertura a la zona», tras el doble silencio de la empresa sanitaria. Por su parte, desde Pascual declinaron realizar cualquier declaración al respecto.

El sábado concluyó el concierto sanitario para los hospitales de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. El SAS quiso adelantarse al vencimiento del convenio y sacó a licitación en julio la gestión de dichos centros. En principio, el contrato tiene una duración de dos años y un coste de algo más de 318 millones de euros. Al procedimiento negociado sin publicidad fue únicamente invitada la empresa José Manuel Pascual Pascual SA, propietaria de los tres. «Con fecha 24 de agosto de 2015, se invitó a la empresa mediante fax, debidamente recepcionado (...) y simultáneamente se publicó el anuncio en el Perfil del Contratante del Servicio Andaluz de Salud el anuncio de licitación, finalizando el plazo de presentación de la oferta el día 3 de septiembre de 2015, a las 14:30 horas», recoge la resolución de la gerencia del SAS. Llegada la fecha, la Consejería no había recibido contestación alguna. El gerente del SAS firmó por ello una segunda resolución en la que ampliaba 5 días más el plazo, hasta el 8 de septiembre. Tampoco la actual concesionaria hizo movimiento alguno por mantener un contrato que ya fue objeto de una prórroga de siete meses a principios de año. El 14 de octubre finalmente, el SAS se vio forzado a declarar desierto el proceso, «al no haber recibido oferta alguna, según certificado emitido el 9 de septiembre por la jefa del departamento de Información y Registro».

En febrero de 2014, los más de dos mil trabajadores de los seis centros que gestiona dicha empresa en Andalucía –cuyo buque insignia es el hospital San Rafael de Cádiz– protagonizaron protestas para exigir que la Junta modificara sus condiciones. La falta de acuerdo entonces llevó a representantes de Pascual a amenazar con el cierre inmediato de los hospitales de Villamartín y de Sanlúcar, que dependerían en un 90% de los pacientes derivados de la sanidad pública para su subsistencia. En el caso del centro de El Puerto, esa dependencia se rebajaría al 65%, un porcentaje que continúa siendo elevado y comprometería su mantenimiento. Estos centros homologados incluirían entre sus servicios la asistencia quirúrgica, diagnóstica y médica, programada y urgente, «necesaria para dar una adecuada asistencia sanitaria a usuarios del SAS» e incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, según refleja el Pliego de Condiciones publicado en la plataforma de contratación pública de la Junta. Para la anualidad de 2015, prevé un coste de 5,5 millones de euros que cubriría lo que resta de ejercicio; para 2016, el importe anual está fijado en 66,3 millones y otros 60,7 se abonarían en el ejercicio 2017. Unos costes que no admitirían revisión de precios durante la vigencia del contrato, según queda estipulado. El servicio de los tres centros costaría al mes 5,5 millones de euros y estaría supeditado a posibles prórrogas. Unas condiciones que Pascual ha desechado sucesivamente y que obligaría a renegociarlas ahora.