UGT-A controlaba los programas de empleo que obtenía su fundación

«Fudepa funciona de forma autónoma, UGT no tiene nada que ver». Con esas palabras declinaba el sindicato realizar cualquier aclaración sobre determinados convenios entre la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Junta. Sin embargo, un documento interno, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, confirma que existía una tutela rigurosa por parte del sindicato.

Desde el departamento de Compras se envió en abril de 2010 un correo electrónico a un empleado de la entidad cordobesa detallando los programas y subvenciones concedidos entre 2009 y 2010. En él figuraban indicaciones sobre las partidas ingresadas por las consejerías, así como el estado de justificación y cantidades adeudadas. «Te adjunto los programas que tengo vivos con vosotros para que les eches un vistazo y me digas si tengo que modificar algo», reza el mensaje.

En virtud de esas subvenciones –catorce de la Junta, otra de la Diputación de Córdoba y una más de la extinta CajaGranada–, la Fudepa habría contratado un mínimo de 36 personas en esos dos años, atendiendo a los datos de la comunicación interna. La cifra podría ser más elevada puesto que en algunos no se concreta cuántos. Actualmente, según puede verse en la web del Archivo Histórico de UGT-A, constan cinco trabajadores: el gerente de la fundación y director de las instalaciones, Rafael Toledano, y cuatro técnicos. Habría una sexta persona encargada de las gestiones en la sede de la Fudepa. En el Registro Mercantil sólo consta que en esa época tuviera a nueve personas contratadas, las mismas desde su origen. En 2011 llegaron a ser 17, al año siguiente se quedó en una, cifra que no ha variado en este ejercicio.

El resumen realizado por UGT-A incluye diversos conceptos: organismo que concede la ayuda, importes recibidos y pendientes, cuantía destinada a gastos generales, si estaban justificados y la fecha tope en caso contrario. Junto a ellos, en otro apartado se lee «a UGT-A». En él se apuntan cifras que en su mayoría coinciden al céntimo con los adelantos económicos de la Junta. Son exclusivamente aquellos que implican contrataciones y cuyo coste se cargó íntegro a los fondos públicos.

Un ejemplo es un acuerdo con la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Incluía dos proyectos relacionados con el fondo documental ugetista, principal motivo para el que se creó la fundación en 2002. En dos anexos se concretan las condiciones para la concesión del dinero, cuyo destino eran salarios cargados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La fecha de ejecución –del 1 de diciembre de 2009 al 30 de noviembre de 2010– y el número de contratos y sueldos coincidía.

Por un lado, se auspició la «Puesta en funcionamiento de la biblioteca auxiliar del Archivo Histórico de UGT-Andalucía». La Junta pagó 115.165,74 euros. Según la propuesta entregada por la Fudepa, se imputarían seis contratos: dos para el personal encargado de la ejecución del proyecto, con sueldos de 28.000 y 33.000 euros; cuatro más para un administrativo, un informático y dos bibliotecarios, todos cobrando 13.169,12 euros. Los mismos números figuran en el anexo presupuestario del segundo proyecto, cuyo fin era el «Desarrollo de la Biblioteca Digital sobre Migraciones e Interculturalidad». Sólo «bailan» en dos mil euros los sueldos del técnico y el coordinador.

Se da además por «justificado» el programa, pese a que restaban seis meses para que expirara. Además, las contrataciones difieren de las que se trasladaron a la Consejería. En vez de doce –seis por cada uno– dice «tres contratos personal fijo un % y 8 contratos nuevos», de tal forma que la contratación global fueron 16 nuevos y seis fraccionados.

Ni la Junta, ni UGT-A ni tampoco la Fudepa han atendido los numerosos requerimientos de este periódico para aclarar los términos de los acuerdos.

En espera 900.000 euros

El documento enviado a la Fudepa recoge en un aparte el estado de otros siete proyectos presentados en el mismo periodo y que se encontrarían en esa fecha pendientes de resolución por parte de la Administración pública. Tres contemplaban contrataciones de personal. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sería el principal proveedor en este sentido. Cinco iniciativas, divididas en dos programas diferentes, copaban 660.000 euros. A la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fudepa le solicitó una subvención de 203.000 euros con el objetivo de ampliar con un área de Marruecos y Mauritania su Biblioteca Digital sobre Migraciones. En total, 921.000 euros más deslizados de las arcas públicas.