Un 40% más de desahucios, con 8.101 ejecutados y 7.000 en espera

El TSJA señala las «graves contradicciones en la prevalencia del crédito sobre el derecho a la vivienda».

El impacto de los desahucios sigue siendo de difícil cuantificación, al no separarse en las estadísticas los lanzamientos en las viviendas del resto. Según la Memoria de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el pasado año aumentaron «en torno a un 40% en Andalucía las diligencias de lanzamiento, hallándose pendientes de llevar a cabo a final de año más de 1.800», cifra a la que debe sumarse «aquellos que se ejecutaron de forma parcial o con resultado negativo, lo que situaría el total de la pendencia en torno a los 7.000», sin diferenciar entre vivienda habitual y otras hipotecas. Las ejecuciones hipotecarias ascendieron un 10%, hasta las 17.914. Se han resuelto 13.822, un 14% más que en 2011. Los servicios comunes de notificaciones registraron 13.737 lanzamientos, «de los que se han podido llevar a cabo 8.101».

El TSJA recoge que «la problemática jurídico-social ha sido prolija», «fruto de la importante crisis económica y su incidencia, cada vez mayor, en personas de carne y hueso con una triste historia detrás», citando «desgarradores» problemas cotidianos como los «desahucios, procesos de reclamación de cantidad e impagos, ejecuciones civiles, insolvencias y situaciones concursales, despidos, etc.» «Durante 2012 han continuado siendo patentes los efectos de la crisis económico-social en el funcionamiento de los juzgados y tribunales andaluces», asegura la memoria, que resalta «la eclosión de un fenómeno de concienciación social sobre la necesidad de arbitrar soluciones para paliar uno de los efectos más perversos que está produciendo la actual coyuntura económica, cual es la pérdida de la vivienda, con el consiguiente acercamiento de los afectados a los parámetros que define la exclusión social». El TSJA recoge que los jueces han puesto «de manifiesto algunas graves contradicciones de nuestro sistema de convivencia, singularmente la prevalencia de los mecanismos legales de protección del crédito sobre la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna». El Alto Tribunal cita la reforma del Gobierno para suspender dos años los desahucios, así como la decisión del Tribunal de la UE sobre el marco legal español «considerando que el proceso de ejecución hipotecaria establecido en el ordenamiento español es contrario al Derecho de la Unión». «Este fallo implicará una reforma importante de la ejecución hipotecaria en el derecho español», recoge el documento. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, habla de consensuar una respuesta uniforme.