Un asesor externo tramitó una ayuda de los ERE sin ser empleado de la Junta

«Ejerció» como funcionario durante la gestión de la subvención concedida a Ubago, pese a no trabajar en la Administración andaluza

En el informe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de Málaga sobre la ayuda de 60.000 euros que el Gobierno andaluz asignó en 2009 a la empresa Ubago Group Mare SL, a cuenta de la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles», se alumbra entre los entresijos de esa concesión una cuestión: la existencia de algún trabajador «fantasma».

En el documento policial, al que accedió LA RAZÓN, los investigadores explican a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que capitanea el «caso ERE», María Núñez, que en su análisis del expediente de la subvención hallaron una «Memoria justificativa de finalidad pública e interés social y económico de ayuda sociolaboral» que aparecía rubricada por un desconocido, por lo que solicitaron a la Dirección General de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral del Ejecutivo regional que les despejara la incógnita, facilitándoles la identidad del firmante misterioso. La Junta les respondió y de su contestación dedujeron que la rúbrica correspondería «a la de J. A. Rodríguez».

Tras nuevas indagaciones descubrieron que éste trabajaba «en las empresas Gestión Integral del Agua de Huelva SA, Umax Informática y Consultoría SL y Fundación Andaluza Invenio», durante el tiempo en el que se tramitó la ayuda para Ubago. Según la Policía Judicial, Rodríguez «intervino de manera activa» en ella. Es más, éste envió un email en noviembre de 2009 a un representante de la mercantil beneficiaria de los fondos en el que le habría dictado «las directrices a seguir para la confección de la solicitud», además de detallarle la documentación que aún faltaba por aportar. Un correo del que se desprendía que «ambos actores habían mantenido conversaciones previas» referentes a la gestión de la subvención. Esa correspondencia electrónica se mantiene desde una dirección acabada en @juntadeandalu-cia.es, es decir, desde una cuenta corporativa de la Administración autonómica, lo que, a juicio policial, «demuestra su relación inequívoca con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social», como reflejaría también que al pie del email se hacía referencia a este organismo y a su dirección. En definitiva, para el mencionado grupo de la Policía Judicial, Rodríguez «ejerció como empleado de la propia Junta de Andalucía, con una apariencia supuesta de funcionario público o personal laboral de esa Administración». Además, en diciembre del mismo año hizo uso del fax del Ejecutivo regional y el sello oficial de la Dirección General de Trabajo para remitirle a la agencia IDEA, entidad de la Junta que pagó la ayuda, resoluciones y órdenes de pago relativas a varias empresas, entre ellas Ubago Group Mare. En base a lo relatado, los investigadores insisten en que el trabajador puesto en tela de juicio «actuó como asesor técnico» para el Gobierno autonómico «realizando funciones propias de personal al servicio de la Administración pública, llegando a ocupar incluso un lugar físico en la sede de la Dirección General de la Seguridad Social, sin estar aparentemente habilitado para ello». «Durante el estudio documental que se ha llevado a cabo –se asevera en el informe consultado por este periódico– se ha podido determinar que ni tan siquiera la empresa en la que aparece como empleado, Umax Informática y Consultoría SL, tenía contrato o concierto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía para realizar estos cometidos». En relación a esa entidad en cuyo organigrama sí aparecería Rodríguez, le transmiten a la instructora que han tenido conocimiento de un auto de procesamiento del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por el que se habría procesado a cinco ex altos cargos del Ejecutivo regional en relación a pagos que la Consejería de Empleo le realizó entre los años 2003 y 2010 por la contratación de 44 trabajadores. Se encausó además a ex secretarios generales técnicos del mismo departamento y al administrador único de Umax, al entender que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración pública. En la resolución se expone que esos empleados prestaron sus servicios en la sede de la consejería.

De vuelta a la ayuda de Ubago, las sospechas en torno a la conexión de Rodríguez con la misma anidaron en los efectivos de la Policía Judicial, quienes le atribuyen un presunto delito de usurpación de funciones públicas y otro de prevaricación, además de considerarlo colaborador necesario en el de malversación de fondos públicos. Lo citaron a declarar como investigado, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.