Un encausado en los ERE se agarra al discurso de Núñez: es una «víctima»

El dueño de Muebles Don Formón, que recibió 100.000 euros de Estudios Jurídicos Villasís, declara ante la jueza que no sabe cómo la Junta «lo ha metido en esto»

La instructora de la «macrocausa» de los ERE, María Núñez, ha optado desde hace meses por hacer notar en sus autos la condición de «víctima» que para ella tienen algunos de los beneficiarios de los fondos públicos encajonados en el proceso, en una lectura opuesta a la que hizo su antecesora en el juzgado e iniciadora de la causa, Mercedes Alaya. En esas resoluciones, Núñez ha defendido que no se puede responsabilizar a los administrados de las irregularidades presuntamente achacables en este asunto al Gobierno andaluz salvo que conste «fehacientemente» que aquéllos actuaron «en connivencia con el concedente» para obtener un dinero al que no tenían derecho. Desde esa convicción, ha archivado ya lo actuado contra varios investigados a quienes, según ella, no se les puede atribuir «ninguna responsabilidad penal» al entender que se habrían visto «perjudicados» por la actuación de la Dirección General de Trabajo de la Junta, que repartió buena parte de las ayudas ahora bajo la lupa judicial.

Ese discurso de la magistrada parece haber calado y hay quien ya ha optado por entrar por el hueco. En la pieza del «macroproceso» centrada en las sobrecomisiones de los ERE, en la que se disecciona un sobrecoste en las pólizas cifrado en más de 66 millones de euros, Núñez decidió investigar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, unos pagos de ayudas públicas efectuados por Estudios Jurídicos Villasís a una serie de entidades, entre ellas, a Muebles Don Formón. Su propietario, Rafael Rodríguez, quien recibió dos abonos de 36.400 y 60.000 euros, estaba citado a declara ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y, según aseveraron fuentes del caso a LA RAZÓN, superado el shock inicial, o tal vez para tratar de hacerlo, cultivó su papel de «víctima». Sostuvo en sede judicial que lo era y que no sabía «cómo la Junta lo había metido en esto», tras haberse embolsado en conjunto 96.400 euros públicos.

En la misma pieza, tomaron declaración como testigo a Florentina del Pozo, ex presidenta del consejo rector de Roda Textil, quien, según las mismas fuentes, afirmó que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero «les ofreció darles 90.000 euros», aunque consta en el sumario una transferencia de 100.000 a la sociedad cooperativa de Estudios Jurídicos Villasís. Del Pozo habría explicado que todo se hizo «a través del ex alcalde socialista de La Roda, Manuel Silva» y que el actual presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos «era concejal».