Un gran ridículo sindical

Ala misma hora que el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, estaba negando la existencia de ilegalidades, de facturas infladas o de desvío de dinero público, la presidenta de la Junta aseguraba en sede parlamentaria que el sindicato ya había reintegrado más de 25.000 euros de ayudas finalistas que no se usaron para los fines establecidos. No se recordaba un ridículo igual desde hace mucho tiempo. La situación de UGT no es fácil. Está atrapada entre la presunta malversación de las ayudas de la Junta y el ilícito cobro de comisiones en «la trama de los ERE» fraudulentos. A la misma hora que Francisco Fernández daba parcas explicaciones, en los calabozos de los juzgados estaba también el secretario general del sindicato en Cádiz, Salvador Mera, al que ha respaldado sin fisuras. Los denominados sindicatos de clase están ante un precipicio que no es otro que la presunta financiación irregular, tal y como subrayó la juez Alaya en uno de los autos que han salido del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por mucho que lo nieguen los dirigentes de CC OO y UGT. Por eso, y ante unos hechos tan graves, los dos sindicatos lo que deberían hacer es abrir puertas y ventanas, asumir responsabilidades y tomar medidas internas. El camino equivocado es embestir al Partido Popular y a los medios de comunicación con arreones como el del secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero: «No ha podido con nosotros la dictadura y no va a poder la derecha». La Junta de Andalucía también tiene que tomar medidas. Una de ellas, una vez que expire a finales de este año el acuerdo de Concertación Social. Los sindicatos no pueden seguir siendo la «subcontrata» privilegiada de cursos de la Administración. Los sindicatos deben dedicarse a lo que manda su fin fundacional: la labor sindical, a secas.