Un hijo de Guerrero trabaja en una de las empresas de los ERE fraudulentos

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta e imputado en el «caso ERE», ha recuperado actualidad tras pedir él mismo declarar ante la nueva titular del juzgado que instruye la causa, María Núñez Bolaños. Lo hará hoy. La jueza quizás no sabe aún que es adicto al perfume de los alejandrinos, pero seguro que sí conoce la «ficha» judicial que arrastra y que incluye entradas y salidas de la cárcel, como consecuencia de los múltiples delitos de los que lo acusó su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya, por su implicación en los ERE con anomalías. Entre ellos, el de la empresa A Novo Comlimk fue uno de los más complejos que el Gobierno andaluz acometió con cargo a la partida 31L, el denominado «fondo de reptiles» que supuestamente nutrió el fraude, después de que en 2003 la empresa entrara en pérdidas tras frustrarse un contrato con Alcaltel que le garantizaba más de la mitad de la producción.

El PP llegó a cifrar en unos 35,25 millones el dinero que esta sociedad habría recibido en subvenciones públicas y en su ERE se detectó un «intruso» –persona que nunca trabajó allí, pero cobró una ayuda– y otras irregularidades.

Ahora A Novo se define en su web como un «proveedor líder de mercado de soporte postventa y servicios de gestión de cadena de suministro dentro del mercado de tecnología». El grupo posee sedes en distintas partes del mundo, una de ellas ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. Es allí donde, según aseguraron fuentes sindicales a LA RAZÓN «trabaja desde hace años uno de los hijos de Guerrero, A. G. N.», quien además no sólo es miembro de la plantilla sino que en la actualidad ocupa «un puesto de responsable de compras», matizan las mismas fuentes.

El ex director general de Trabajo participó en la gestión del ERE de la sociedad, como ha quedado acreditado en el sumario de la «macrocausa». De hecho, A Novo alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores tras mediar la Junta en el conflicto laboral y éste fue rubricado en Sevilla el 18 de julio de 2005 por los sindicatos, Guerrero y el presidente del consejo de administración de la empresa, Gilbert Weill. Con todo, fuentes del entorno del ex alto cargo encausado por Alaya aseveran que él «no tuvo nada que ver en la contratación de su hijo», que habría conseguido el puesto, dicen, «por méritos propios». Este periódico se puso ayer en contacto con A Novo para preguntar si podían aclarar los términos en los que se produjo y ofrecer su versión sobre el asunto, pero desde el departamento de Recursos Humanos mantuvieron «no poder ayudar» ni proporcionar el teléfono de nadie que pudiera hacerlo. En otras palabras, no quisieron pronunciarse.

Se da la circunstancia de que, como adelantó este diario, un ex director de la sociedad, José Pardo Fernández, se acogió al ERE de ésta y rubricó una póliza a su favor de 1.049.959,37 euros. Antes de entrar en vigor permaneció 23 meses en situación de desempleo –desde el 1 de octubre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2008–, para pasar luego a la de prejubilado, como el resto de los 184 empleados que en distintas fases se acogieron al plan social firmado en la capital hispalense. Además, la multinacional invitó a Guerrero cuando aún era cargo del Ejecutivo regional a una convención mundial que celebró en París por su vinculación con la Administración andaluza y «por el apoyo que ésta brindó» a A Novo Comlink España, según confirmaron desde su entorno. Agasajo que incluyó el poder disfrutar de un partido de tenis del Roland Garros.

El ex director general se verá hoy las caras con Núñez ante la que previsiblemente defenderá la legalidad de las ayudas de la Junta.

Cinco de los seis testigos citados acudieron al juzgado

A lo largo de la jornada de ayer comparecieron ante la jueza María Núñez Bolaños en el ámbito de la «macrocausa» de los ERE irregulares cinco de los seis testigos que habían sido citados por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, algunos de los cuales eran trabajadores de IFA/IDEA –entes que actuaron como cajas pagadoras– y otros de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Así lo confirmaron fuentes del caso que precisaron también que finalmente hoy no sólo no volverá al juzgado el ex interventor de la Administración autonómica imputado en el proceso, Manuel Gómez, sino que tampoco acudirá la ex interventora general de la Junta, Rocío Marcos, quien había sido llamada como testigo. Núñez ha suspendido ambas comparecencias «sine die».