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Un juzgado investigará a dos cargos de la Junta por prevaricación y fraude

Admite la denuncia en la que Ecologistas avisó de que se ha liberado a empresas de pagar tasas tras ocupar vías pecuarias

  • La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en los pasillos del Parlamento (Foto: Manuel Olmedo)
    La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en los pasillos del Parlamento (Foto: Manuel Olmedo)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

11 de septiembre de 2018. 21:46h

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N. Acedo.  Sevilla. 12/9/2018

La tozudez puede tener recompensa. El juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla investigará al secretario general de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en esa provincia, J. S. C. L, y al jefe de departamento de Vías Pecuarias de ese mismo ente territorial, J. G. V., por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, de fraude contra la Administración pública y de administración desleal, tras la denuncia que interpuso Ecologistas en Acción como ya adelantó LA RAZÓN.

El órgano judicial ha abierto diligencias previas y se iniciarán pesquisas para analizar lo sucedido en torno a trece vías pecuarias que, a juicio de la organización conservacionista, han sido ocupadas por «compañías eléctricas, tanatorios, almazaras...» de manera irregular, sin que se haya «iniciado ningún expediente sancionador» por parte del Ejecutivo autonómico. El trasfondo de la mencionada denuncia esconde una convicción: la de que «es posible que algunos funcionarios del Gobierno andaluz alarguen y desvíen los procedimientos administrativos y que no inicien expedientes sancionadores para que esas empresas no paguen las tasas correspondientes». En su escrito, al que accedió este periódico, los conservacionistas alertaban de que la mayoría de una serie de dosieres que señalaron a la Justicia eran «en realidad» regularizaciones de «ocupaciones existentes, de hecho producidas por una actividad en funcionamiento» como «líneas eléctricas, fábricas, tanatorios...» y señalaban en concreto a J. S. C. L. como el presunto responsable de haber «jugado» con «los procedimientos administrativos y con sus funciones» para «liberar» a una entidad, por ejemplo, de «pagar las tasas» actuando «en contra de los intereses de la hacienda pública».

Los activistas aludían además a la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprobaron «medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros», para dejar constancia de que en ella se estipularon unas tasas por la ocupación de vías pecuarias. Esa norma establece, anotan fuentes de la organización «verde», que «la cantidad dineraria que, en su caso, y de conformidad con la legislación vigente, deba satisfacer el beneficiario de la ocupación, se destinará a la conservación, vigilancia y mejora» de esos espacios públicos. «Es decir –añaden las mismas fuentes– que la desidia de los funcionarios ha provocado un doble perjuicio a la Administración: que no se ingresen las posibles sanciones y que las arcas públicas dejen de cobrar importantes cantidades de dinero en concepto de la tasa 00.43». Una cuantía que si bien no han cifrado con exactitud, calculan que podría suponer «cientos de miles de euros» dejados de recaudar. Ecologistas en Acción no se ha quedado en poner el foco en el asunto. Ha presentado ya un escrito de personación en el propio juzgado sevillano de Instrucción número 12 para intentar que éste lo admita en el proceso «como parte acusadora en ejercicio de la acción popular» y poder defender así «la red autonómica de vías pecuarias que cuenta con miles de kilómetros de longitud» y que, entienden, constituye «uno de los patrimonios más valiosos» de Andalucía. Fuentes de la organización «verde» anotaron por último a este diario que tras una nueva admisión a trámite de los tribunales de una de sus denuncias esperan que, a partir de ahora, sus advertencias «no queden en los cajones de las delegaciones territoriales del Gobierno autonómico durante años y años». Insistieron en criticar la «dejación de funciones» de la Administración regional en lo relativo a «la recuperación de lo público» y avisaron: seguirán adelante por lo de todos que no admite dominios sombríos.

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