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Un miembro de la Ejecutiva de Díaz reconoce sus datos en una beca «fantasma»

El diputado Gómez niega no obstante que hiciera el máster financiado con el «fondo de reptiles»

  • El diputado andaluz y ex concejal sevillano, Carmelo Gómez (Foto: Manuel Olmedo)
    El diputado andaluz y ex concejal sevillano, Carmelo Gómez (Foto: Manuel Olmedo)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

07 de septiembre de 2018. 21:30h

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N. Acedo.  Sevilla. 8/9/2018

En apariencia parece simple: si uno figura en los listados de un máster como becado al cien por cien y desde la universidad que lo oferta se asevera que se recogió el título, todo indica que aquel uno cuenta con el curso en su currículum. Pero en el ámbito del rizado caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos cabe también una beca «fantasma».

El diputado andaluz del PSOE y secretario de Acción Electoral y Programa en la Ejecutiva de ese partido que comanda Susana Díaz, Carmelo Gómez, estaba citado ayer en el juzgado sevillano que instruye el «macroproceso» para declarar en la pieza que gira en torno a una ayuda de 30.000 euros que el Gobierno autonómico otorgó a la Universidad de Sevilla en septiembre de 2007 para el máster rotulado como Gestión Integral de Asociaciones sin Ánimo de Lucro: Fundaciones y ONG, que se impartió durante el curso 2007/2008. Los fondos públicos, procedentes de la mediática partida 31L, el denominado «fondo de reptiles», se destinaron a abonar las matrículas de 23 de los 24 alumnos, incluida la que presuntamente correspondía a Gómez, que superaba los 1.400 euros, según apuntaron a LA RAZÓN fuentes del caso en base a documentación que obra en el voluminoso sumario.

Otras fuentes aseguraron ayer a este periódico que el parlamentario andaluz y ex concejal del ayuntamiento de la capital hispalense negó en sede judicial haber realizado el máster porque «además no tenía titulación para poder hacerlo –en la referencia bibliográfica que sobre él existe en el sitio web del PSOE-A, http://www.psoeandalucia.com/politico/carmelo-gomez-dominguez, sólo se refleja que es Técnico Superior en Dietética–». En el juzgado vinculó sus estudios a la «Universidad Isabel I de Burgos» y a la salida matizó que termina en la actualidad el grado de Nutrición. Si bien, Gómez admitió que en efecto «es él quien consta en la lista de alumnos» de la universidad y «que son suyos el DNI que aparece, la dirección o hasta un email de la Diputación Provincial de Sevilla», en la que trabajaba en la etapa en la que se desarrolló el polémico máster y donde llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro). Según Gómez, no sabe por qué aparece como becado y se enteró por la prensa de que se le ligaba a esa actividad formativa, a la que no asistió, según la versión que sostuvo ante la jueza María Núñez Bolaños.

Al margen del diputado socialista, también tenía cita en el mismo órgano judicial, entre un rosario de investigados en distintas separatas, el ex consejero de Trabajo de la Junta Guillermo Gutiérrez, aunque él estaba convocado en el marco del bloque en el que se investigan las ayudas públicas repartidas entre 1999 y 2000 a la empresa Cárnicas Molina de Jaén, que acabó siendo, con alguna otra metamorfosis de por medio, Primayor. Gutiérrez se agarró al tiempo transcurrido para no aportar demasiados detalles en su comparecencia, aunque sí dijo recordar que Cárnicas Molina era una de las muchas empresas en las que prendió el conflicto laboral en la comunidad y que elevó al Consejo de Gobierno la concesión de una subvención destinada a ella, de acuerdo a lo que las fuentes consultadas trasladaron a este periódico. Los representantes procesales del PP-A intentaron que el ex titular de Trabajo del Ejecutivo regional fuera llamado a la causa como investigado pero la magistrada aún no se ha pronunciado, por lo que los letrados reiterarán su petición, junto a la de que la UCO de la Guardia Civil elabore un atestado centrado en las subvenciones a esas entidades.

Núñez suma dos piezas al puzzle ERE

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, quien cimenta entre otros el «caso ERE», ha abierto dos nuevas piezas separadas en el ámbito de esa «macrocausa». Una en torno a ayudas que la Consejería de Empleo de la Junta dio a Piensos Andaluces S A (Pacsa) y otra por fondos públicos del Ejecutivo regional destinados al Centro de Empresas Pabellón de Italia.

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