Un testigo dice que Faasa se nutría de profesores que pagaba la Junta

Niega que cobrara 4.339 euros por seis horas de clase, como consta en la documentación de los cursos que la empresa aportó a la Administración

La actuación de la Policía en el caso en el que se investigan presuntas irregularidades en torno a la contratación de medios aéreos para el Plan Infoca ha estado marcada, entre otras líneas, por la convicción de que altos cargos de la Junta han mantenido una «continua» relación con la empresa Faasa Aviación, una de las adjudicatarias de las contratas que ahora están bajo sospecha. De hecho, los investigadores sostienen en sus informes que esa cercanía permitió a la compañía conocer los mecanismos internos de la Administración autonómica y sus «talones de Aquiles» en materia de subvenciones, lo que habría posibilitado que se hiciera presuntamente con un número de ayudas que los agentes consideran «abusivo».

A lo largo de la instrucción se ha tomado declaración policial ya a varias personas, detenidos y testigos, para intentar esclarecer lo sucedido y dilucidar si se tejió algo ilegal entre las bambalinas del concurso público por el que se adjudicaron los medios del Infoca. El interrogatorio llevado a cabo al que fue profesor de la mercantil cordobesa entre 2009 y 2011, C. B. B., dejó al descubierto otro tipo de vínculo con el Gobierno regional. Declaró, en calidad de testigo, que la empresa se nutría de profesores «a los que no pagaban ellos sino la Junta», según consta en el acta en la que se recogió su testimonio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Es más, relató a los investigadores que él mismo «a partir de 2012 pasó a formar parte del Instituto Antonio Gala, como profesor de la Consejería de Educación, de Córdoba», con lo que ya no cobraba de Faasa, sino del Gobierno andaluz, «salvo el excedente que pudiera realizar de trabajo en algún curso que no cubriese» la Administración. Así ocurrió en 2013, por ejemplo, cuando la compañía le abonó «algo más de 2.000 euros» en concepto de «horas extra». Llama la atención de su declaración el hecho de que le hicieran firmar un contrato de colaboración profesional en el que se podía leer: «El profesor recibirá el precio bruto por todos los conceptos acordados con la Consejería de Empleo», pese a que, en la práctica, «siempre cobraba lo mismo», entre 24.000 y 27.000 euros brutos anuales. En relación a su retribución, los investigadores quisieron saber si en cursos realizados en 2011 recibió 4.338,78 euros por impartir dos horas de docencia en uno y cuatro en otro, como consta en la documentación que manejó la Junta sobre esas actividades formativas. Les aseguró que es «completamente falso». Es más, aclaró que sí percibió una vez más de 4.000 euros, en concreto en mayo de 2010, debido a que «tuvo que realizar un trabajo extra con ocasión de una auditoría de aviación civil relativa a la escuela de mecánico». Y añadió que observaba en los documentos que le mostraron, los que Faasa presentó ante la Junta para justificar el gasto en la solicitud de subvenciones, que le habían anotado «menos horas de las impartidas», probablemente, concluyó, «por ser de plantilla».

La Policía le preguntó además por G. R. A. M., directivo de Faasa al que los agentes señalan como el presunto «responsable directo o autor directo de las alteraciones o argucias necesarias para la consecución del máximo de subvenciones posibles» procedentes del Ejecutivo autonómico. Según admitió él mismo, el 30 por ciento de media de su nómina, y a veces incluso un porcentaje superior, se imputaba a los fondos públicos concedidos para las actividades formativas, si bien, el testigo dejó claro que «nunca impartió ninguna clase». La empresa cordobesa ha negado en reiteradas ocasiones a este periódico que haya cometido alguna ilegalidad con respecto a las subvenciones para formación. Las pesquisas continúan.