Asuntos sociales
Un total de 2.168 refugiadas por violencia de género el pasado año en la comunidad
Un total de 2.168 víctimas de violencia de género en situación de alto riesgo, 1.074 de ellas mujeres y 1.094 menores o dependientes a su cargo, han sido acogidas durante 2015 en la red de centros del Servicio Integral de Atención y Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que les ha ofrecido un hogar seguro, además de apoyo psicológico, jurídico, sociolaboral y económico para facilitar la recuperación de una vida normal y libre de violencia, según informó ayer la Junta de Andalucía.
La cifra disminuye en 170 personas (un 7,2%) con respecto al año anterior, debido al descenso generalizado del número de menores dependientes por mujer, que pasa de una media de 1,13 en 2014 a 1,01 en 2015. La directora del IAM, Elena Ruiz, señaló que «resulta espeluznante que cada año haya más de 1.000 mujeres y otros tantos menores a su cargo en peligro de muerte a manos de más de 1.000 agresores», cifras que «reflejan muy bien la magnitud de este problema social, que debería ser prioritario de manera constante en la agenda mediática, política y social, sin fisuras, ni recortes, ni debates».
La principal vía de ingreso a estos centros de acogida ha sido, como en años anteriores, a través de la red de atención directa (Teléfono 900 200 999, centros provinciales y Centros Municipales de Información a la Mujer). La directora del IAM explicó que el acceso a los centros provinciales o el paso de realizar la llamada a la línea 900 viene facilitado en muchas ocasiones por el trabajo realizado en los municipios de residencia de las usuarias a través de los centros municipales de información, lo que demuestra «la importancia de estos recursos locales, que son la primera puerta a la que llaman las víctimas cuando necesitan ayuda».
Elena Ruiz recordó a todas las víctimas que el Servicio Integral de Atención y Acogida garantiza protección inmediata, acogida y atención integral (social, jurídica y psicológica) sin necesidad de interponer denuncia, «priorizando siempre la seguridad de las personas que lo necesitan», por lo que animó a «pedir siempre ayuda». Ruizsubrayó que en torno al 30% de las víctimas atendidas son extranjeras, algunas de las cuales se encuentran en una situación administrativa de irregularidad (carecen de residencia legal o pasaporte), «lo que no supone un criterio de exclusión para el acceso a la red de recursos en Andalucía».
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