Una agencia de la Junta tiene un agujero de 14 millones por encomiendas no pagadas

La Junta de Andalucía discrepa del coste final de las encomiendas que la propia administración mandata a sus agencias públicas. Así lo recoge la última auditoría de la Agencia de Medio Ambiente y Agua adjunta a la Cuenta General de 2016. El trabajo sobre el análisis de las cuentas públicas de la empresa recoge en su informe final una salvedad: «La Agencia tiene registrados en el epígrafe de relaciones con la Junta de Andalucía del activo corriente del balance al 31 de diciembre de 2016 adjunto, un importe de 86.376.764 euros a cobrar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, hemos enviado cartas para la confirmación de saldos derivados de las operaciones económicas concertadas por la Agencia con la mencionada consejería de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos. En ese sentido, no hemos obtenido reconocimiento expreso de un importe de 14.265.717 euros correspondientes, fundamentalmente, a reclamaciones de incremento de encomienda realizados por la Agencia, derivadas de la ejecución de sentencias judiciales o acuerdos transaccionales». El informe apunta que la «dirección general competente está estudiando la documentación aportada por la Agencia para determinar las cuantías asumibles por la Consejería», es decir, que el cobro de estas cantidades no está asegurado. Por este motivo, la auditoría concluye que «en estas circunstancias, desconocemos los efectos que esta situación pudiera tener sobre las cuentas anuales adjuntas».

La diferencia entre los 86 millones pendientes de cobro y los 14 millones sin reconocimiento expreso tampoco está garantizada. El extenso trabajo de auditoría señala en uno de sus apartados que «existen importe por un total 68.514.073,49 euros, que si bien no han sido expresamente reconocidos por las distintas consejerías, la Agencia estima que debe mantenerse como derecho pendiente de cobro, a efectos de reflejar la imagen fiel». De no materializarse, el agujero en el balance sería mayor. De este montante, hay más de 53 millones de euros «que se encontraban en situación de créditos fiscalizados por la Intervención Delegada y pendientes de materialización, por importe de 53.126.896,57 euros, y que según ha comunicado la propia Intervención no ha podido emitir los correspondientes certificados ya que se han detectado una serie de incidencias en los listados obtenidos del Sistema GIRO».

La segunda partida más cuantiosa que se considera que se resolverá favorablemente asciende a 13,3 millones de euros. Se corresponde con sentencias a las que la Agencia ha tenido que hacer frente.

Igualmente hay saldos pendientes de confirmar, debido a la falta de exigibilidad de determinadas partidas circularizadas, por un importe de 1.311.608,96 euros, pero que la Agencia entiende que «son subsanables».

Hay otras partidas menores que también están en el aire. Han quedado pendientes de confirmación saldos por 257.649,01 euros. Se trata de gastos que si bien «cuentan con la conformidad del director de actuación, no se encuentran soportados en un compromiso debidamente adquirido y fiscalizado previamente».

La auditoría detecta «saldos pendientes de confirmación por 652.372,33 y que al 31 de diciembre de 2016 no se estiman como exigibles por la D.G. Infraestructuras y Explotación del Agua por tratarse de gastos que no cuentan con la conformidad del director de actuación o del centro directivo en trabajos encomendados y realizados. Dado que la Agencia ha seguido realizando las actuaciones necesarias e instando a la consejería para que se proceda a la conformidad de los gastos ejecutados encaminados al reconocimiento de gasto, se considera que los mismos siguen siendo exigibles».

Pérdida de operarios

Al margen de la situación económica de la Agencia, la auditoría también constata que el personal de este ente público se redujo en 2016 con respecto a 2015. Así, la distribución de la plantilla por categorías, medida en número medio de empleados durante el ejercicio fue de 4.869. En 2015 se cerró en 4.859. El descenso principal se produjo en la categoría de personal operario, que pasó de 3.782 a 3.707. El personal de alta dirección se mantuvo en 5 trabajadores; sí hubo una baja entre el personal directivo, actualmente en 15 frente a los 16 de 2015. Por último, reseñar que sólo hay 577 mujeres en la plantilla por 4.124 hombres. De hecho, el personal femenino se redujo en 10 personas con respecto al año anterior. La temporalidad también ha aumentado y está fijada en 333 personas, 14 más que en 2015.