Tribunales

Una década a la espera de juicio contra 38 jornaleros del SAT y se suspende otro año

El juzgado «no ha podido» localizar a los encausados, según el sindicato, que lamenta el «cachondeo»

Protesta de ayer a las puertas del juzgado sevillano donde se iba a celebrar el juicio, en la que participaron Óscar Reina y Juan Manuel Sánchez Gordillo
Protesta de ayer a las puertas del juzgado sevillano donde se iba a celebrar el juicio, en la que participaron Óscar Reina y Juan Manuel Sánchez Gordillolarazon

El juzgado «no ha podido» localizar a los encausados, según el sindicato, que lamenta el «cachondeo»

Lo que consideran un «cachondeo» con todas sus letras, se agranda. Se suponía que ayer arrancaría en un juzgado sevillano el juicio contra 38 jornaleros miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por unos hechos que sucedieron hace una década y que fuentes de esta organización resumen: «En 2008 dos cuadrillas fueron despedidas de la finca Las Jarillas –ubicada en el municipio sevillano de La Rinconada– por afiliarse al SAT e hicimos varias movilizaciones contra esa represión antisindical». Aquellas protestas, que incluyeron una convocatoria de tres días de huelga que paralizó el funcionamiento de la finca en cuestión, acabaron en los juzgados con una petición de tres años de cárcel para los 38 encausados, lo que suma un total de 114, y a pagos de multas por valor de 153.000 euros. Se había fijado ayer como el día de arranque del juicio, pero éste no se produjo. Fuentes del SAT trasladaron a LA RAZÓN que el motivo de la suspensión otro año más, «hasta junio de 2019», había sido que «no habían podido en diez años localizar a los 38» señalados. «No han tenido tiempo», ironizaron, para añadir que «ahora se han dado otro más para conseguirlo». Algunos miembros del sindicato se han declarado insumisos judiciales y eso ha dificultado a veces la labor de la Justicia de llamar a los investigados, pero en cualquier caso, una década «no parece poco margen», lanzan otras fuentes.

El secretario general del SAT, Óscar Reina, lamentó que «el peso y la sinrazón de su ley» vuelva a «caer contra los pobres, contra el pueblo», y criticó que se prolongue otros doce meses «el sufrimiento» de los afectados y que haya «una persecución constante al derecho a movilizarse». «Este escándalo no debe pasar sin respuesta», mantuvo, para añadir, que sólo si «eres sindicalista o activista social no te prescribe nada», mientras que «si eres corrupto es otra cosa». Entiende Reina que el proceso «debería haberse archivado ya hace mucho tiempo», dado que, según su versión, en Las Jarillas «no pasó nada más que el derecho a la huelga» y «se ha absuelto a algún compañero» en el tiempo transcurrido. «Si pretenden callarnos no lo van a conseguir –advirtió–. La cárcel tiene que ser para los corruptos», zanjó.